El coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, calificó este sábado de “precedente peligroso” la determinación de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) en el caso sobre el esquema de asfalto regalado al actual alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo y otros candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuando se encontraban en plena campaña política para las elecciones del 2020.
Natal Albelo sostuvo que Romero Lugo e integrantes del PNP realizaron “violaciones crasas” a laLey del Financiamiento de Campañas Políticas, la cual regula y supervisar el respaldo económico que reciben los aspirantes a puestos electivos.
“Tanto Miguel Romero, como los candidatos del PNP que se beneficiaron del asfalto regalado por una empresa corrupta durante la campaña electoral del 2020, admitieron públicamente todos los elementos de múltiples delitos. Ante la inacción del Departamento de Justicia para procesar criminalmente a Romero y sus secuaces, entendíamos que al menos la Oficina del Contralor Electoral atendería estas crasas violaciones a la Ley del Financiamiento de Campañas Políticas”, afirmó Natal Albelo.
El abogado aseguró que Romero, Juan Oscar Morales, Jorge Navarro y Víctor Parés recibieron el asfalto y los servicios de pavimentación de calles en diferentes comunidades de San Juan como un “regalo” de la empresa JR Asphalt en pleno periodo electoral.
Los propietarios de esta compañía luego se declararon culpables de varios delitos de corrupción en el foro federal. Natal Albelo, junto a Rossana López León y Adrián González Costa —todos excandidatos a la alcaldía de San Juan— denunciaron el esquema.
“Estamos hablando de cientos de miles de dólares entre asfalto, mano de obra y maquinaria, provenientes de una empresa cuyos dueños se declararon culpables de corrupción precisamente por esquemas que involucraban a candidatos a alcaldías del PNP y del PPD. Romero y sus secuaces utilizaron los donativos de JR Asphalt para hacer campaña en San Juan, siendo el tema de las condiciones de las vías públicas un eje central de la campaña del 2020. Así se refleja en sus publicaciones en las redes sociales, en la propaganda que repartieron y en los videos de campaña que realizaron. Al punto que el personal de JR Asphalt salió en el video principal de la campaña de Romero, mientras el propio Romero ‘supervisaba’ los trabajos”, abundó el candidato a alcalde de San Juan.
Natal Albelo agregó que “la OCE de que se trataba de una gestión en su función de senador es rebatida por las admisiones del propio Romero y de toda la prueba documental que se sometió al Departamento de Justicia (DJ)”.
“El precedente que sienta esta determinación es sumamente peligroso. Lo que ya era una pelea muy desigual, ahora se torna en una vía libre para el más burdo inversionismo político. Nos corresponderá entonces derrotarles, nuevamente, en las urnas”, concluyó.
Ayer, la OCE impuso una multa de $2,850 al comité del campaña Romero Lugo tras determinar que hubo violacionesa la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas.
Aunque la multa original ascendía a $9,500, se aplicó una reducción de 30% del total impuesto, a tenor con la Sección 3.8 del Reglamento Núm. 13 sobre Procedimientos Adjudicativos ante la Oficina del Contralor Electoral.
La OCE informó sobre transacciones no reportadas en los informes originalmente radicados por el Comité Romero inicialmente incluyeron $184,986.97 de donativos en efectivo y $21,450.00 en donativos recibidos mediante giro. Por su parte, las transacciones no informadas inicialmente por el Comité Municipal incluyeron $89,600.00 de donativos en efectivo y $3,650.00 de donativos recibidos mediante giro.
La investigación de la OCE incluyó donativos aportados por Oscar Santamaría, sentenciado esta semana a dos años y medio de prisión federal, además de $100,000 de multa y tres años de libertad supervisada, por uno de los varios esquemas municipales de corrupción que desarrolló en el Municipio de Cataño, al igual que donativos de Raymond Rodríguez y Mario Villegas al Comité Romero y el Comité Municipal.
“La OCE determinó que el Comité Romero dejó de someter la notificación de acto político colectivo dentro del término de 20 días laborables en 19 instancias, lo cual configura 19 transgresiones a la Infracción Núm. 45 del Reglamento Núm. 14, el cual establece una multa de $250 a $500 por infracción”, lee una comunicación del organismo.
