También, prohibiría delegar poderes relacionados con contratación pública, nombramientos, acciones de personal, administración presupuestaria y cualquier autoridad conferida por ley a secretarios, administradores, directores ejecutivos, juntas de gobierno u otros funcionarios.
“Con esta medida establecemos límites claros para proteger la separación de poderes, garantizar que las funciones conferidas por ley permanezcan en manos de los funcionarios autorizados y fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas”, sostuvo Márquez Lebrón.
La legislación dispone que solo funcionarios cuyo nombramiento requiera consejo y consentimiento del Senado puedan recibir facultades delegadas.
Además, incorpora reglas de transparencia, rendición de cuentas, inhibición por conflictos de interés y una prohibición para designar a personas que hayan ejercido funciones de cabildeo durante los 15 años anteriores a su nombramiento.
“Este proyecto, entre las cosas que atiende, incluye acabar con el ‘zarismo’ administrativo que ha impulsado la gobernadora mediante la delegación excesiva de poderes”, indicó Márquez Lebrón.
El portavoz cameral del PIP mencionó a Francisco Domenech como ejemplo de una persona no electa que, a su juicio, obtuvo poderes sin escrutinio legislativo y con historial como cabildero.
Gutiérrez Colón sostuvo que la medida busca evitar que intereses político partidistas o privados prevalezcan sobre la gestión pública.
“Queremos garantizar que la coordinación gubernamental no se convierta en un mecanismo para concentrar facultades al margen de la ley que la distribuyó entre distintos funcionarios y agencias”, expresó.
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