El Departamento de Justicia (DJ) compareció ante la Comisión de Hacienda para solicitar un presupuesto de $210 millones, con un aumento presupuestario de $40.3 millones para el próximo año fiscal. Mientras que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) solicitó un aumento presupuestario de $466.1 millones del Fondo General, aproximadamente $50 millones más que el año fiscal anterior.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, expresó su preocupación por la partida propuesta para la nómina, que asciende a $90.4 millones, $26.8 millones menos de lo solicitado.
“Dicha reducción afectaría el pago de nómina de las vacantes en nombramientos por ley, la proyección sobre el aumento salarial de fiscales, y el aumento propuesto al plan médico de los funcionarios de la agencia”, lee el memorial explicativo de Emanuelli Hernández.
Además, el presupuesto propuesto para gastos operacionales es $6 millones menor que el solicitado, lo que podría afectar el pago de rentas de dependencias del DJ y la adquisición de equipos informáticos.
Por otra parte, a pesar de proyectar un presupuesto balanceado para el año fiscal vigente, con un superávit de $6 millones, la secretaria de la agencia, Ana Escobar Pabón, señaló que este excedente está relacionado con las 8 mil plazas vacantes que deben eliminarse.
Del presupuesto solicitado por el DCR, $247.3 millones se destinarían al pago de nóminas, incluido un posible aumento salarial para el personal. Se propone un aumento de $200 mensuales con el objetivo de mejorar la retención del personal. Además, se gestionaron $24.7 millones a través de fondos ARPA para un segundo aumento salarial de $500 mensuales.
Entre las solicitudes del DCR destacan $29.4 millones para mejoras permanentes, con asignaciones específicas para instituciones correccionales de confinados adultos y Centros de Juveniles.
Por otra parte, la licenciada Bárbara Méndez, vicepresidenta de administración de Physician HMO, solicitó un presupuesto de $66 millones para evitar seguir arrastrando un déficit de fondos para la salud correccional.
Ante crecientes dudas sobre la efectividad del Departamento de Corrección, la secretaria Ana Escobar se pronunció sobre las medidas implementadas para mejorar el seguimiento de los reclusos, especialmente aquellos sujetos a la Ley 54.
Escobar Pabón anunció el reclutamiento de 250 evaluadores de riesgo dedicados al seguimiento directo de los casos que requieren el uso de brazaletes electrónicos. Esta acción surge en respuesta al incremento en el número de confinados en instituciones correccionales, que ha pasado de un promedio de 6,700 a aproximadamente 7,300 en los últimos meses, según reveló la Secretaria.
“Entendemos que hay más ingresos de casos por Ley 54″, destacó Escobar Pabón, quien señaló el creciente desafío que enfrenta la agencia en el manejo de estos casos.
Sin embargo, las preocupaciones persisten. Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda, expresó inquietudes sobre la capacidad del DCR para gestionar adecuadamente la creciente carga de trabajo. “Da la impresión de que tienen poca gente para manejar tantas cosas”, afirmó Rodríguez.
En respuesta, Escobar Pabón reconoció la necesidad de más recursos, especialmente técnicos de servicios sociopenales, para aliviar la carga de trabajo sobre el personal actualmente encargado del monitoreo de los 5,200 convictos en programas de desvío.
“La agencia cuenta en este momento con los técnicos de servicios sociopenales para hacer este trabajo. (Pero es) importante el poder obtener recursos adicionales de técnicos de servicios sociopenales que puedan disminuir la carga de casos de cada uno de los compañeros”, respondió Escobar Pabón.
Además, se cuestionó a la secretaria sobre las medidas de prevención para evitar casos como el reciente feminicidio ocurrido en Manatí. Sin embargo, tanto Escobar Pabón como las partes involucradas optaron por no brindar detalles para preservar la integridad de la investigación en curso.
