Junta frena contrato de $50.9 millones de ADFAN ante pleito judicial y cuestionamientos al proceso 

Ante el incumplimiento de ese término, el organismo requirió a ADFAN implementar medidas correctivas para cumplir con esa política.

El contrato propuesto surge de una solicitud de propuestas denominada “Solicitud de Propuestas para Contratación de Servicios Profesionales de Auxiliares en el Hogar”, publicada el 30 de abril de 2026.

De acuerdo con la carta, el acuerdo tendría vigencia desde su fecha de otorgamiento hasta el 30 de junio de 2029 y establecería un máximo pagadero de $50,970,600.

Sin embargo, la evaluación se produce en medio de una controversia judicial relacionada con el proceso de contratación.

La Junta indicó que el 2 de septiembre emitió un requerimiento de información a ADFAN para dar seguimiento a una solicitud previa relacionada con el estatus de una impugnación a la adjudicación de la propuesta.

En respuesta, ADFAN informó al organismo fiscal que existe un procedimiento judicial pendiente relacionado con la solicitud de propuestas.

A partir de la información disponible, la Junta concluyó que no puede determinar en estos momentos si el contrato promueve la competencia en el mercado.

La comunicación no establece que se hayan probado irregularidades en la adjudicación ni concluye que haya existido falta de competencia. El planteamiento de la Junta se limita a señalar que no cuenta, hasta ahora, con información suficiente para hacer esa determinación.

Pese a sus reparos con el nuevo contrato, el organismo reconoció la importancia de garantizar la continuidad de los servicios dirigidos a adultos mayores y personas con discapacidades.

Por ello, requirió a ADFAN que someta para su revisión y aprobación una renovación de un mes del contrato vigente 2026-000026 con COSALL para ofrecer los mismos servicios, con el correspondiente máximo pagadero.

De esta manera, la extensión temporera tendría que pasar primero por la evaluación de la Junta antes de ser ejecutada, mientras continúa pendiente la situación relacionada con el contrato de $50.9 millones.

La carta está firmada por Jaime A. El Koury, asesor legal general de la Junta.

Al finalizar la comunicación, el organismo fiscal también se reservó el derecho de modificar su determinación y señaló que, conforme a sus prácticas, podría referir información relacionada con el asunto a las autoridades pertinentes.

La carta no indica que se haya realizado un referido ni identifica posibles violaciones de ley, pero deja abierta esa posibilidad mientras continúa la evaluación del proceso contractual.