Gobierno dice que investiga controversia por firma en contrato de generación temporera 

Al mismo tiempo, el presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, por sus siglas en inglés), Osvaldo Carlo Linares, sostuvo que la documentación examinada apunta a que la persona que suscribió el acuerdo estaba autorizada para hacerlo.

El zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Josué Colón, sostuvo durante la sesión de En Récord en La Fortaleza que la controversia se investiga desde mediados de junio, antes de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informara el 7 de agosto que evaluaba revocar la aprobación del contrato y hacer un referido a las autoridades. Es la primera vez que el gobierno habla de una investigación sobre el asunto.

“Nosotros no podemos estar aquí concluyendo cosas sin tener toda la documentación o toda la evidencia a nuestro favor. Nosotros tenemos alegaciones. Esas alegaciones se están investigando desde mediados de junio”, afirmó.

Carlo dice que tienen documentos que acreditan al firmante

Por su parte, Carlo Linares ofreció detalles adicionales sobre la documentación que, según afirmó, fue examinada antes de la firma del contrato.

Carlo explicó que el consorcio estaba compuesto por Reyes Construction, Power Expectations y Enchanted Rock y recalcó que esta última empresa no debe confundirse con E Rock, la compañía matriz que posteriormente entró en escena.

Dennis A. Jones

Según Carlo, las empresas habían suscrito un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que establecía que Power Expectations representaría a Enchanted Rock en Puerto Rico.

“Ese documento señala que es Power Expectation la compañía que iba a estar representando en Puerto Rico a Enchanted Rock en cualquier negocio”, indicó.

Aseguró, además, que existía una resolución corporativa que designaba a una persona específica como firmante de los contratos.

Al preguntársele directamente si quien firmó el contrato era la persona autorizada mediante esa resolución corporativa, Carlo respondió: “Correcto”.

Carlo sostuvo que la persona cuya identidad ha sido cuestionada “sí es un ser humano”, vive en Colorado y tenía un contrato con el consorcio en Puerto Rico. Según explicó, la controversia surge porque E Rock sostiene que esa persona no forma parte de su estructura corporativa ni de la de Enchanted Rock.

Documentación habría precedido la firma

El presidente de la 3PPO aseguró que tanto el MOU como las resoluciones corporativas fueron examinados antes de que se suscribiera el contrato.

“Nosotros solicitamos el paquete completo de todo lo que tienen que suministrar para ver quién van a ser los firmantes. ¿Y cuál es la autoridad que tiene cada firmante? Es que nos producen toda esta documentación y vemos entonces el MOU, vemos entonces las resoluciones corporativas de todos los firmantes”, explicó.

Apuntan a transformación de Enchanted Rock

Carlo vinculó el origen de la controversia a los cambios corporativos que experimentó Enchanted Rock.

Según el relato del funcionario, hacia finales de 2025 Power Expectations informó a la 3PPO sobre una reorganización corporativa mediante la cual una nueva entidad, E Rock, pasaría a controlar Enchanted Rock. Carlo vinculó esa transformación y la posterior salida a bolsa con la controversia surgida sobre la autoridad para firmar el contrato.

Carlo aseguró que durante el proceso de contratación la 3PPO trató directamente con ejecutivos de Enchanted Rock y no con E Rock.

“Nunca tuvimos una relación con nadie de E-Rock porque no existían durante todo ese proceso”, sostuvo.

Según Carlo, fue después de formalizarse el contrato que recibieron las reclamaciones de E Rock cuestionando la autoridad para suscribirlo.

“Nosotros estamos trabajando con lo que teníamos de frente”, expresó, al asegurar que los documentos legales que habían evaluado indicaban que Enchanted Rock había delegado en Power Expectations la firma del contrato y esta, a su vez, en un contratista.

Colón: “Todo está sobre la mesa”

A pesar de la defensa que hizo Carlo del proceso, Colón evitó concluir que la alegación de Enchanted Rock carece de fundamento.

El zar de Energía señaló que la AAPP realiza diligencias adicionales que no quiso revelar y sostuvo que, si eventualmente se determina que hubo una representación falsa, el gobierno podría tomar medidas contra Power Expectations.

Las acciones, dijo, “pueden ir desde ejecutar el performance bond de esa compañía” hasta “terminar cualquier tipo de relación contractual”.

“Todo está sobre la mesa”, había expresado previamente al ser cuestionado sobre las posibles consecuencias de una cancelación.

Colón sostuvo, no obstante, que no se han desembolsado fondos públicos bajo el contrato. Según explicó, el acuerdo no garantiza a Power Expectations la compra de energía y la empresa solo recibiría compensación por la electricidad que eventualmente inyecte al sistema cuando sea requerida por el operador.

Carlo también confirmó que Enchanted Rock ya salió del acuerdo y que el contrato fue asignado a otra empresa mediante una cláusula incluida en el documento.

Según Carlo, la AEE autorizó la asignación a una compañía pública de Texas luego de evaluar su historial y capacidad económica.

La sustitución es otro de los asuntos sobre los cuales la Junta Fiscal ha levantado cuestionamientos, pues ha advertido que cualquier modificación del contrato, incluido un cambio de las partes contratantes, requiere su aprobación previa.

Carlo, por su parte, sostuvo que la salida de Enchanted Rock convierte en “académica” la controversia respecto a cualquier reclamación de esa compañía.

La Junta Fiscal también ha cuestionado que, a 57 días de la ejecución del contrato, no se había entregado la fianza de cumplimiento requerida, de aproximadamente $1,180 millones, ni se habían alcanzado los hitos contractuales previstos.

Aunque este domingo Colón no abordó específicamente si esa fianza había sido entregada, señaló que, si la investigación determina que Power Expectations realizó alguna representación falsa, las acciones del gobierno podrían incluir “ejecutar el performance bond de esa compañía” y terminar la relación contractual.

La Junta Fiscal ha señalado que el contrato para los 400 MW de generación temporera tiene un valor máximo potencial de aproximadamente $5,800 millones. Esa cantidad no representa, sin embargo, un pago garantizado por el Gobierno. Según la explicación que la 3PPO ofreció previamente a la propia Junta, el máximo fue calculado suponiendo que los 400 MW operaran a capacidad completa durante el término del contrato.

Colón recalcó este domingo que hasta el momento no se ha pagado “ni un centavo” y que el contratista solo cobraría por la energía que efectivamente produzca y sea requerida por el sistema.

La Junta llegó después, según Colón

Colón también cuestionó el momento en que intervino la Junta Fiscal.

“Ellos están tarde”, expresó, al señalar que el gobierno conocía las alegaciones desde mediados de junio y que desde entonces las había referido a la 3PPO.

La afirmación ocurre aunque la Junta ya había levantado cuestionamientos sobre la ejecución del contrato antes de su carta del 7 de agosto. El 16 de julio solicitó información sobre asuntos que incluían cambios en las partes contratantes, la fianza de cumplimiento y el progreso de los hitos del proyecto.

El funcionario indicó que las conclusiones que tiene hasta ahora el gobierno descansan en la investigación de la 3PPO y en representaciones realizadas por Power Expectations, algunas de ellas, aseguró, bajo juramento.

Aun así, dejó abierta la posibilidad de que las pesquisas produzcan otro resultado.

“Nosotros no ponemos las manos en el fuego por nadie”, sostuvo Colón.