La medida, de la autoría del senador Carmelo Ríos Santiago y coautoría del senador Jeison Rosa Ramos, crea la “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales” y establece un mecanismo adicional a los procesos criminales ya existentes para intervenir en situaciones de maltrato.
Como parte de sus disposiciones, la nueva ley permite que cualquier persona pueda presentar una acción judicial para proteger a un animal víctima de crueldad o abandono, aun cuando no sea su guardián o poseedor. Asimismo, faculta a los tribunales a emitir órdenes de custodia provisional cuando existan alegaciones juradas que sustenten los hechos, permitiendo que una persona o entidad asuma temporalmente el cuidado del animal mientras se atiende el proceso judicial.
“El bienestar de los animales es un asunto de sensibilidad, responsabilidad y justicia. Esta medida fortalece las herramientas disponibles para intervenir de manera más rápida y efectiva cuando exista evidencia de maltrato o abandono, garantizando la protección de aquellos seres que no pueden defenderse por sí mismos”, expresó el senador Carmelo Ríos.
De forma paralela, la mandataria también convirtió en ley el Proyecto del Senado 622, que dio paso a la Ley 116-2026, enfocada en la transparencia y el derecho de los ciudadanos a la interacción humana en los servicios públicos asistidos por inteligencia artificial.
La nueva legislación, de la autoría del senador Wilmer Reyes Berríos y coautoría de varios legisladores, establece que toda agencia o corporación pública deberá informar de manera clara cuando un ciudadano esté interactuando con sistemas automatizados como chatbots o asistentes virtuales, y garantizar la opción de solicitar intervención humana en cualquier etapa del proceso.
Asimismo, la ley reconoce el uso de tecnologías emergentes como una herramienta para mejorar la eficiencia gubernamental, pero subraya la importancia de proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables, asegurando procesos transparentes y accesibles.
Con ambas firmas, la gobernadora estableció un marco legal que busca reforzar la protección de los animales y, a la vez, promover la transparencia y la dignidad en la prestación de servicios públicos en Puerto Rico.
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