Senado aprueba órdenes de protección para víctimas de delitos con armas 

La propuesta, presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, establece un mecanismo para que las víctimas de delitos violentos o de intentos de delitos cometidos con armas puedan acudir al tribunal y solicitar protección judicial cuando enfrenten riesgos de nuevos actos de violencia.

La medida, identificada como el Proyecto del Senado 1010, parte de la premisa de que las órdenes de protección constituyen uno de los mecanismos preventivos más efectivos para salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad física de personas que enfrentan amenazas reales e inmediatas.

Según la exposición de motivos, el ordenamiento jurídico puertorriqueño ya contempla remedios similares para otros grupos vulnerables, por lo que la iniciativa busca ampliar esa protección a víctimas de delitos violentos relacionados con armas.

La aprobación de la medida ocurrió durante la sesión ordinaria del Alto Cuerpo, donde también recibió aval otra propuesta de Rivera Schatz para establecer la jurisdicción exclusiva del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos sobre las escuelas de conducción especializadas para choferes de vehículos pesados, remolques y otras categorías profesionales.

Otras medidas aprobadas

El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 852, del vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, que aumentaría de 30% a 40% el descuento para conductores que paguen sus multas de tránsito dentro de los primeros 15 días de expedidas.

“Es la primera vez que estamos poniendo a aquellos que quieren cumplir con la ley en una condición muy parecida a aquellos que no cumplen en referencia a las amnistías aprobadas en el pasado”, sostuvo Ríos Santiago durante el debate.

Asimismo, los senadores dieron paso al Proyecto del Senado 1116, presentado por la senadora Nitza Morán Trinidad junto a la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve, para establecer responsabilidad económica compartida entre ambos progenitores desde la concepción, incluyendo gastos médicos, prenatales y relacionados con el embarazo y el parto.

Entre otras medidas aprobadas figura legislación para reglamentar medicamentos compuestos de alto riesgo, coordinar programas gubernamentales enfocados en la prevención de la violencia y promover investigaciones sobre asuntos relacionados con salud, medioambiente y administración pública.

Durante la sesión, además, el Senado confirmó los nombramientos de la licenciada Nereida Feliciano Ramos como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia, del licenciado Samuel A. Silva Rosas como presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra y del licenciado Ramón Cruz Alicea como comisionado de la Comisión Industrial.