Federales acusan a cuatro personas por fraude de salud; uno es residente en Ohio
En Puerto Rico fueron acusados: Josué Saez Rodríguez y Chancey Irmaries Olmed Pérez, ambos de Comerío, en el caso criminal 26-239, y Carlos Andrés Rendón Bermúdez, de Columbus, Ohio, y Jandiel Santos Rodríguez, de San Lorenzo, en el caso criminal 26-240.
Saez Rodríguez, de 42 años, y Olmed Pérez, de 40, enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y rotulación indebida de medicamentos.
Según la acusación, el esquema involucró la promoción, comunicación, venta y distribución de productos que los acusados no estaban autorizados a poseer ni distribuir, incluyendo Semaglutide, Mounjaro, esteroides y Tirzepatide.
Saez Rodríguez también fue acusado por posesión con intención de distribuir esteroides anabólicos.
En el segundo caso, Rendón Bermúdez, de 32 años, y Santos Rodríguez, de 22, fueron acusados por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude postal, fraude electrónico y rotulación indebida de dispositivos.
Según la acusación, Rendón Bermúdez realizó procedimientos dentales sin licencia válida para ejercer la odontología, incluyendo instalación de braces, blanqueamiento dental, limpieza, aplicación de carillas y tratamiento de caries.
El pliego también sostiene que Rendón Bermúdez utilizó una herramienta eléctrica para limar dientes, administró anestesia y entregó antibióticos recetados luego de procedimientos dentales.
Las autoridades federales indicaron que Santos Rodríguez actuaba como representante de Rendón Bermúdez en Puerto Rico, coordinaba citas dentales, anunciaba servicios en redes sociales y decía falsamente a pacientes que Rendón Bermúdez era dentista licenciado.
“Health care fraud threatens both public resources and public safety”, dijo Carlos R. Goris, agente especial a cargo del FBI en San Juan.
Goris sostuvo que el fraude de salud pone en riesgo servicios críticos, explota poblaciones vulnerables y afecta la confianza en los sistemas creados para ayudar a quienes los necesitan.
El operativo nacional produjo cargos contra 455 acusados, incluidos 90 médicos y otros profesionales licenciados, por esquemas de fraude de salud y abuso de opioides vinculados a más de 6,500 millones de dólares en reclamaciones falsas.
Las autoridades federales informaron además la incautación de más de 182 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo, joyería y otros activos.
En Puerto Rico, los casos fueron investigados por la Fiscalía Federal, la Unidad de Fraude de Salud del Departamento de Justicia federal, el FBI, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan, como parte del Caribbean HEAT.
Las acusaciones son alegaciones. Los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.
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