Extitular de la ACLU en PR cuestiona el regreso del fusilamiento y las inyecciones letales en EE.UU. 

El primero es el de Christa Pike, la reclusa de Tennessee que sobrevivió a dos intentos fallidos de una inyección letal el pasado 1 de octubre. Pike fue hospitalizada y luego devuelta a prisión, un episodio que llevó al estado a suspender sus ejecuciones mientras se investiga lo ocurrido. La mujer fue condenada por el asesinato de una joven en 1995. “Ella todavía sigue viva y se ha solicitado que no sea ejecutada, sino que se conmute la sentencia por una de cadena perpetua. Habrá que ver qué ocurre con ese caso”, expresó Ramírez Hernández.

El segundo caso que ha levantado la opinión pública es el de Nidal Hasan, el excomandante del Ejército condenado por la masacre de 2009 en la base de Fort Hood, Texas, que dejó 13 muertos y 32 heridos: el presidente Trump aprobó este mes que sea fusilado, una ejecución programada para el 3 de diciembre.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había propuesto transmitir públicamente la ejecución. Sin embargo, el presidente Donald Trump descartó esa posibilidad el pasado 15 de octubre, tras recibir fuertes críticas. Para Ramírez Hernández, quien durante décadas defendió los derechos constitucionales en Puerto Rico, la pena capital representa una contradicción frente a los esfuerzos por combatir la violencia. “Desde mi perspectiva, no hay necesidad de ejecutar a una persona. Si una persona es encontrada culpable, puede cumplir una condena de prisión, incluso una cadena perpetua”, sostuvo.

El abogado recordó que Puerto Rico prohíbe constitucionalmente la pena de muerte, aunque esta puede solicitarse en determinados procesos bajo jurisdicción federal. “Una persona condenada a pasar el resto de su vida en prisión afrontará las consecuencias de sus actos. Pero ejecutarla significa recurrir a la misma violencia por la que fue encontrada culpable”, concluyó.