“Están muertos, pero duele”: La batalla de comunidades en Panamá para evitar que se lleven sus cementerios 

La vigilia se celebró la noche del jueves en el cementerio de la comunidad de El Limón, situada a unos 87 millas de la capital panameña, una de las ocho localidades que quedarán dentro del área inundable del proyecto, previsto para entrar en operación a comienzos de 2032.

“Yo tengo familiares también (enterrados) y no quisiera tampoco eso. Aunque están muertos, nos duele tanto”, expresó a EFE Fabián Castillo, agricultor de la comunidad de Uracillo, quien se opone al proyecto.

Un decreto ejecutivo, vigente desde el pasado 21 de julio, estableció que desde el 30 de julio ya no podrán realizarse entierros en el cementerio de El Limón. Las nuevas inhumaciones deberán hacerse en el camposanto de Los Cedros, en la provincia de Colón.

La medida también fija como fecha límite el 15 de enero de 2027 para utilizar los cementerios de Las Quebradas, Boca de Uracillo, Palma Real, Los Cajoncitos, San Cristóbal, Tres Hermanas y Los Uveros, todos ubicados dentro del área donde se construirá el futuro lago.

La Autoridad del Canal de Panamá indicó que los nuevos cementerios serán definidos una vez concluyan las consultas con las comunidades y las autoridades competentes, garantizando el cumplimiento de las normas sanitarias y el respeto por las costumbres y tradiciones locales.

Aris Mariota

Asimismo, señaló que cualquier proceso de exhumación y traslado de restos será coordinado con los familiares “con respeto a sus creencias religiosas, su arraigo cultural y sus vínculos afectivos”.

Para Olegario Cedeño, dirigente comunitario contrario al proyecto, el traslado de los cementerios representa la pérdida de la historia de las comunidades.

“El decreto donde nos prohíben enterrar nuestros muertos lleva también a sacar nuestras raíces, que son nuestros ancestros (...) que han construido comunidad, que han levantado lo que hoy tenemos y han trabajado nuestras tierras. Estas tierras son vida para nosotros”, afirmó.

El proyecto de Río Indio afectará a unas 500 familias, integradas por alrededor de 2,000 personas, dedicadas principalmente a la agricultura familiar y la ganadería extensiva, que habitan en 38 comunidades del área donde se levantará el embalse.

La subadministradora del Canal de Panamá y administradora designada, Ilya Espino de Marotta, aseguró este mes que ya se ha dialogado con más del 70 % de las familias que deberán ser reasentadas y que el plan de compensación fue elaborado tras más de 200 reuniones durante nueve meses.

Según la funcionaria, el proyecto es urgente debido a la variabilidad climática y garantizará el suministro de agua para el Canal y para más de la mitad de la población panameña durante los próximos 50 años.

El plan de reasentamiento contempla nuevas viviendas, infraestructura vial y medidas para preservar los medios de vida de las familias afectadas. El presupuesto destinado a estas compensaciones asciende a $500 millones, mientras que la construcción del embalse requerirá una inversión adicional de $1,000 millones.