Denuncian más de 300 casos laborales fueron cerrados por alegada inacción de la UGT 

A través de un comunicado de prensa, Guzmán aseguró que los casos fueron archivados debido a la “falta de respuesta” y “gestión” por parte de la administración que preside Edwin Méndez.

“La Comisión Apelativa cerró unos 180 casos correspondientes a unionados de la UGT en el Departamento de Corrección, luego de que el foro solicitara en múltiples ocasiones información y documentación a la UGT sin obtener respuesta alguna. A estos se suman más de 130 casos adicionales del Departamento del Trabajo, para un total que supera los 310 expedientes archivados. Los reclamos abarcaban desde clasificaciones incorrectas de puestos en los que las funciones de los trabajadores habían evolucionado sin que su clasificación fuera actualizada, hasta errores en los ajustes de escala salarial, donde empleados fueron ubicados en escalas inferiores a las que les corresponden”, aseguró el exlíder sindical.

Además, Guzmán precisó que muchos de estos casos fueron radicados a mediados del 2023 y que la unión tenía la responsabilidad de responder y dar seguimiento, obligación que nunca cumplió.

“El foro notificó a la UGT sobre el cierre inminente de los casos hace más de un año, pero la administración de Méndez no respondió, ni tampoco informó a los trabajadores afectados. Como resultado, los unionados no solo desconocen que sus reclamaciones fueron cerradas, sino que perdieron sus casos sin haber tenido oportunidad de intervenir”, sostuvo.

Y agregó: “Esto no fue un error administrativo, fue un abandono total a los trabajadores. La unión sometió los reclamos, pero nunca se dio el seguimiento que le correspondía, y cuando el foro le advirtió que los casos serían cerrados, la administración de Edwin Méndez no hizo absolutamente nada. Lamentablemente, más de 310 familias perdieron sus derechos, y lo peor es que la incompetente administración actual de la Unión lo ha ocultado y se quedó en silencio”, sentenció Guzmán.

El expresidente de la UGT exigió a la actual administración que rinda cuentas ante los trabajadores perjudicados y que explique las razones por las cuales no se gestionaron los casos ni se informó a los unionados sobre el cierre de los mismos.