El acusado fue hallado culpable por dos cargos de asesinato en primer grado, un cargo por riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, tres cargos por violación al Artículo 6.14 de la Ley de Armas y un cargo por violación al Artículo 6.05 de la Ley de Armas, conforme al Artículo 93 y al Artículo 249 del Código Penal de Puerto Rico.
“La violencia armada destruye vidas, familias y comunidades, y exige una respuesta firme. El pueblo de Puerto Rico puede tener plena confianza en el Departamento de Justicia. Continuaremos procesando los delitos con firmeza para disuadir la conducta criminal, lograr que quienes violan la ley enfrenten las consecuencias de sus actos y reforzar la seguridad de Puerto Rico. Reconozco el compromiso, la preparación y la dedicación de las fiscales, agentes y todos los funcionarios que contribuyeron para que se hiciera justicia para las víctimas y sus familiares. Asimismo, reconozco la extraordinaria labor de la Oficina del Procurador General al representar exitosamente el Ministerio Público en los procesos apelativos de este caso y obtuvieron una decisión favorable que permitió que este procesamiento continuara hasta alcanzar este veredicto”, expresó la secretaria de Justicia en declaraciones escritas.
El juicio comenzó el 2 de octubre de 2024. Sin embargo, el Ministerio Publico, representado por el Procurador General, recurrió hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico debido a una controversia relacionada con la ocupación del arma que utilizó el convicto para cometer los hechos.
La defensa planteó que se requería una orden de registro y allanamiento para ocupar el arma, ya que esta fue ocupada cuando se diligenció la orden de arresto en contra el ahora convicto, mientras se encontraba en un apartamento desocupado en un proyecto de vivienda pública.
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