Durante una entrevista con Rubén Sánchez, la funcionaria reveló que más del 70 % de los empleados de la Oficina de la Contralora tiene 50 años o más, una situación que plantea retos para garantizar la continuidad de los trabajos de fiscalización de fondos públicos.
Vega Fournier explicó que inicialmente había contemplado desarrollar la iniciativa en un periodo de tres a cuatro años, pero decidió adelantar el proceso. “Yo pienso que ellos se merecen también tener un retiro digno y pues vamos a trabajar para eso”, expresó, al confirmar que su intención es establecerlo durante 2027.
Ante la posibilidad de que auditores experimentados y otros empleados se acojan al retiro, la contralora adelantó la creación de un programa de mentoría denominado “Adopta a un auditor”, mediante el cual el personal próximo a jubilarse transmitirá sus conocimientos y experiencia a nuevos profesionales que ingresen a la agencia.
La funcionaria explicó que la iniciativa también busca atraer a jóvenes recién graduados de las universidades, ofreciéndoles oportunidades de empleo en Puerto Rico. Destacó que la Oficina de la Contralora cuenta con beneficios y salarios que considera competitivos frente a los ofrecidos por firmas privadas de contabilidad pública.
En cuanto a la corrupción gubernamental, Vega Fournier reconoció que continúa siendo un problema y planteó, a manera de estimado, una cifra de 8 %, aunque no ofreció datos que permitieran establecer ese porcentaje como una medición oficial. Señaló que su objetivo es fortalecer la educación y la prevención para reducir las irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La contralora también advirtió que la corrupción no se limita al robo directo de dinero, sino que puede manifestarse mediante contrataciones excesivas. Como ejemplo, mencionó un trabajo cuyo costo razonable sería de $200,000, pero que termina contratándose por $400,000, lo que describió como una malversación y utilización indebida de recursos públicos.
Vega Fournier sostuvo que una reducción de ese estimado de 8 % a 4 % o 5 % representaría un avance en los esfuerzos de prevención y fiscalización, con la expectativa de que las futuras administraciones de la Oficina de la Contralora continúen ese trabajo.
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