Choque de versiones entre la AEE y el Departamento de Justicia por el contrato de Power Expectations 

El pasado viernes, en una reunión ordinaria ante la Junta de Gobierno de la AEE, Zapata indicó que, como parte del proceso para otorgar el contrato de unos $5,887 millones, este pasó por la evaluación de varias entidades, incluyendo Justicia.

Sin embargo, la secretaria de Justicia rechazó esa declaración y, en expresiones escritas, aseguró que el Departamento nunca evaluó el contrato.

“El Departamento de Justicia se limita a contestar consultas estrictamente jurídicas. No evaluamos propuestas, proponentes, precios ni méritos, y tampoco aprobamos o autorizamos contrato alguno. Esa determinación no le corresponde al Departamento de Justicia”, detalló Gómez Torres.

La secretaria defendió el rol de la agencia como asesor legal del Estado y sostuvo que “una agencia nos pregunte es precisamente lo que se supone que haga. Contestamos lo que se nos pregunta, en el ámbito en que se nos pregunta, y ahí termina esa intervención”.

Gómez Torres precisó que la atención de consultas procesales en una etapa previa no condiciona, limita ni compromete la facultad del Departamento de investigar cualquier asunto legal relacionado con el contrato, si ello resultara procedente.

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Por su parte, Zapata explicó ante la Junta de Gobierno que, en diciembre, la Autoridad se enteró de ciertas situaciones con Power Expectations. “Hicimos una consulta a 3PPO (Oficina Independiente de Adquisiciones), de esa consulta hicimos otra consulta también al Departamento de Justicia. Luego de recibir la opinión del Departamento de Justicia en enero, ya teníamos certeza de que podíamos continuar con el proceso, y radicamos el contrato para la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal a mediados de enero de este año”, dijo la directora de la AEE.

Mira la vista de la Junta de Gobierno de la AEE:

La AEE canceló el contrato con Power Expectations luego de que la Junta de Supervisión Fiscal emitiera una orden en ese sentido. En los pasados días, la Junta ha publicado cartas en las que se alega, por parte de la empresa Enchanted Rock —que se había informado estaría firmando junto a Power Expectations—, que estos cometieron “posible conducta impropia y posible conducta criminal”.

Además, el ente creado por la Ley PROMESA asegura que ni la Autoridad de las Alianzas Público Privadas ni la empresa Regulatory Compliance Services informaron a la Junta ni a la AEE sobre la supuesta salida de Enchanted Rock.