Asociación de Alcaldes advierte que cambios al Censo 2030 podrían poner en riesgo fondos federales 

“Un ciudadano que no sea contado correctamente sigue necesitando servicios, pero su municipio podría recibir menos recursos para atenderlo. No podemos permitir que una decisión federal, tomada sin considerar nuestra realidad, termine perjudicando a nuestras comunidades durante los próximos diez años”, expresó.

Entre los servicios que podrían verse afectados figuran los programas de vivienda, asistencia a adultos mayores, cuido infantil, desarrollo comunitario y transportación. También podrían producirse consecuencias en la distribución de recursos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y otros aspectos de la administración municipal establecidos por ley.

Como parte de sus argumentos, la Asociación destacó que el propio Negociado del Censo estimó que aproximadamente 217,000 residentes de Puerto Rico fueron omitidos en el Censo de 2020.

Por ello, solicitó la celebración de vistas públicas en Puerto Rico, estudios sobre el impacto de los cambios y consultas con los gobiernos municipales antes de adoptar la nueva reglamentación.

La organización también respaldó los planteamientos del comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, para garantizar la participación del Instituto de Estadísticas y la Junta de Planificación en el proceso.

“Lo que exigimos es sencillo: que cada puertorriqueño sea contado, una sola vez y en el lugar correcto. De ello dependen los recursos y servicios que recibirán nuestras comunidades durante la próxima década”, concluyó González Otero.