Alcalde de San Juan ordena a la Policía Municipal no cooperar con operativos del ICE 

Romero sostuvo que las denuncias relacionadas con los operativos del fin de semana requieren explicaciones y una investigación por parte de las autoridades competentes.

Además, rechazó las amenazas, el uso injustificado de la fuerza y el trato degradante durante las intervenciones.

“La autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias no constituye una autorización para intimidar comunidades ni para atropellar los derechos de las personas. Rechazo cualquier actuación que implique amenazas, uso injustificado de la fuerza o trato degradante. Las denuncias sobre lo ocurrido este fin de semana requieren explicaciones claras y una investigación seria por las autoridades competentes”, indicó.

Como parte de la respuesta municipal, indicó que reforzarán los esfuerzos de orientación y asistencia a través de la Oficina de Ayuda al Inmigrante, en coordinación con organizaciones comunitarias y profesionales del derecho.

Las familias afectadas podrán acudir al municipio para recibir orientación y apoyo dentro de las facultades legales del ayuntamiento.

“La comunidad inmigrante es parte de San Juan. Sus familias, su trabajo y sus aportaciones forman parte de nuestra vida cotidiana y del desarrollo de nuestra ciudad. No podemos permitir que el miedo se convierta en la rutina de comunidades enteras”, manifestó el alcalde.

ICE intensifica sus intervenciones

Durante el fin de semana, el ICE patrulló comunidades sanjuaneras en donde se concentran poblaciones de inmigrantes.

La más reciente redada aconteció en el subbarrio de Santurce, Barrio Obrero.

En un video viral en las redes sociales, mientras transcurría una actividad en Río Piedras el pasado sábado, los agentes llegaron; allí la Colectiva Feminista salió en defensa de la comunidad y se aprecia cómo agentes amenazan a las mujeres apuntándoles con taser y gas pimienta.

Igualmente, según han documentado medios locales, la Plaza Antonio R. Barceló, ubicada en el corazón de Barrio Obrero y espacio donde frecuentan personas de ascendencia dominicana, ha sido espacio de temor e incertidumbre en los últimos días. Los vecinos desconocen cuándo vehículos de ICE detendrán el tránsito y se bajarán agentes federales para arrestar a inmigrantes.

Pero este no es un caso aislado o particularmente local. En California, las sorpresivas redadas sembraron un clima de temor que mantiene vacíos numerosos puestos de comida callejera en zonas como Canoga Park, en el Valle de San Fernando, según documentaron medios estadounidenses.

Por su parte, la presidenta de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Annette Martínez Orabona,rechazó de manera contundente el despliegue masivo de agentes de ICE. “Como hemos denunciado antes, el ICE implementa una política claramente discriminatoria contra estas comunidades, realizando arrestos sin orden judicial, separando familias y entorpeciendo procesos migratorios en curso”, dijo en declaraciones escritas.

“En Estados Unidos, desde la ACLU hemos documentado y denunciado un patrón de intimidación y violencia contra personas que ejercían sus derechos constitucionales...Estas acciones son fácilmente corroborables en casos como Tincher v. Noem, una demanda de la ACLU en Minnesota, donde además un ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, murió por disparos de agentes del ICE”, expresó la presidenta.

Mientras, en sus declaraciones más recientes sobre ICE, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiso cambiar el nombre de la agencia a NICE, un acrónimo que en inglés incorpora la palabra nice, asociada a la amabilidad. Durante un mitin celebrado en Perry, Georgia, el mandatario explicó que pretendía mejorar la imagen de los agentes federales.

Martínez Oraba concluyó que la responsabilidad por este atropello no recae únicamente en las autoridades federales, sino también en la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.

Según se denuncia, ambos facilitaron las gestiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al proporcionar voluntariamente direcciones residenciales y datos confidenciales de más de 6,000 personas inmigrantes en Puerto Rico.