Arrestan a cuatro por esquema de fraude bancario, robo de identidad y trabajo forzoso 

La acusación sostiene que Anthony Marrero Rosario produjo documentos con información de identificación de personas reales y se los entregó a su hermano Josué Marrero Otero, quien presuntamente los utilizó para solicitar préstamos bancarios de manera fraudulenta.

Marrero Otero y su pareja Yesenia Marrero Collazo presuntamente obligaron a víctimas vulnerables a solicitar préstamos en dos bancos con identidades robadas.

Junto a Vivian Marrero Ginés, también habrían forzado a víctimas vulnerables a solicitar líneas de crédito en otras instituciones financieras y comercios, según la acusación.

Las autoridades alegan que los acusados obtuvieron cerca de 114,559.49 dólares en dinero y propiedad mediante representaciones falsas y fraudulentas.

Marrero Otero y Marrero Collazo enfrentan además un cargo de trabajo forzoso. De acuerdo con la acusación, entre septiembre y diciembre de 2023 obligaron a una víctima, mediante amenazas de violencia física, a someter información falsa con documentos fraudulentos para obtener crédito comercial y propiedad en beneficio de ambos.

A José Vilorio Figuereo se le imputa participar en la conspiración y transferir por correo documentos de identificación falsos hacia Estados Unidos continental.

“Entendemos que puede haber más víctimas, así que si sospecha que podría ser una de ellas, o conoce de otras víctimas, comuníquese con HSI al 787-729-6969 o con el FBI al 1-800-CALL-FBI”, añadió Muldrow.

Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de Homeland Security Investigations (HSI) en San Juan, sostuvo que la organización criminal también se aprovechó de personas sin hogar y las coaccionó para participar en el esquema.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, HSI, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, con colaboración del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado federal, la Patrulla de Carreteras de Tennessee y el Servicio Secreto.

Los acusados tendrían sus comparecencias iniciales ante la jueza magistrada federal Mariana Bauzá Almonte, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico.

De ser convictos, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos 2 años por los cargos de robo de identidad agravado.

La fiscal especial federal Vanessa Bonano Rodríguez, de la Administración del Seguro Social, está a cargo del procesamiento.

Una acusación constituye una alegación y toda persona acusada se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable.