El proyecto también propone la creación de un registro oficial de compañías autorizadas a enviar mensajes de texto, así como la obligación de reforzar la seguridad en servicios sensibles como los bancarios y gubernamentales mediante verificación en dos pasos. Asimismo, establece sanciones económicas para las empresas que incumplan con las disposiciones de la ley.
Robles Rivera dijo que, como parte de las medidas de protección, se requerirá que las compañías de telecomunicaciones implementen filtros para bloquear mensajes maliciosos antes de que lleguen a los usuarios, además de promover campañas educativas dirigidas a adultos mayores y personas con menor experiencia tecnológica.
La pieza legislativa pasa ahora a la consideración del Senado de Puerto Rico.
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