Alto impago de préstamos estudiantiles en Puerto Rico pone en riesgo ayudas federales para universidades 

Entró a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en 2022. Un año y medio después, con la carrera apenas comenzando, ya tenía $20,000 en deuda y la lista de responsabilidades económicas se le vino encima. Debía pagar la renta, el agua, la electricidad, la comida, el Internet, los libros, la gasolina… Aunque reconoce que la lista no tenía nada extraordinario, dejó los estudios porque debía escoger entre “el costo de vivir ahora en Puerto Rico y el futuro”, dijo.

En 2015, estudiar Derecho en la UPR costaba $137 por crédito, según la institución. Cuando Pérez González entró, en 2022, el crédito costaba $280 y, un año después, la Junta de Gobierno aprobó aumentarlo a $305. Así se mantiene desde entonces.

Brandon Cruz González

“La Escuela de Derecho es de las facultades más caras, y, desde los recortes de la Junta de Control Fiscal, los costos se han disparado. Cuando entré, me di cuenta de que no tenía el dinero para pagar las clases, la vivienda y los libros. Durante ese año y medio, me vi costeando todo a través de préstamos estudiantiles”, contó el joven, que no ha podido abonar nada a esas deudas porque su salario no le da para asumir ese pago.

Como Pérez González, unos 104,000 exalumnos universitarios puertorriqueños tienen actualmente sus préstamos en impago, lo que convierte a Puerto Rico en la jurisdicción de Estados Unidos con la tasa más alta (31 %) de préstamos estudiantiles morosos por más de nueve meses, según datos hasta marzo de 2026 de la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil del Departamento de Educación federal analizados por The Associated Press (AP) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El CPI encontró que no pagar un préstamo estudiantil en Puerto Rico responde a distintas causas: no encontrar trabajo en la disciplina que se estudió, salarios que no guardan proporción con lo que costó la universidad, y haber tenido que tomar préstamos para cubrir necesidades básicas de vivienda, salud y alimentación, además de los estudios. A eso se suma la inflación del costo de vida y los aranceles promovidos por el gobierno de Donald Trump —que impactan de manera desproporcionada a Puerto Rico— y la expectativa, que no se concretó para algunos, de una condonación federal de las deudas estudiantiles.

La morosidad en los préstamos podría colocar en probatoria a las instituciones universitarias locales que los tramitaron y poner en riesgo la elegibilidad de sus programas para recibir ayudas económicas federales, como la Beca Pell, indicaron al CPI cinco oficiales de asistencia económica de universidades en Puerto Rico.

Esto debido a que las instituciones que registren una tasa de incumplimiento por cohorte (CDR, en inglés) de 30 % o más durante tres años consecutivos pierden la elegibilidad para participar en el programa de Becas Pell y en el programa federal de préstamos estudiantiles, según el Federal Student Aid Handbook del Departamento de Educación de Estados Unidos.

Según los datos disponibles analizados por AP y el CPI, en Puerto Rico actualmente hay 14 campus universitarios con una tasa igual o mayor a 30 % en préstamos con más de 90 días en atrasos y cuyas deudas caerían en impago si alcanzan los nueve meses en morosidad.

La pausa federal en los pagos de préstamos estudiantiles durante la pandemia de COVID-19 contribuyó a mantener bajas las tasas de incumplimiento de las universidades. Durante ese periodo, las instituciones universitarias en Puerto Rico registraron tasas de incumplimiento inferiores al 10 % o incluso de cero, según el informe más reciente del Departamento de Educación federal, del año 2022. Sin embargo, el análisis de AP y el CPI anticipa que instituciones universitarias podrían acercarse al umbral de riesgo para una eventual probatoria, ante el aumento en las tasas de incumplimiento registrado durante el primer año desde que se reanudaron los pagos en octubre de 2023.

“El impacto lo vamos a ver reflejado en el informe del próximo año”, anticipó María Nolasco, directora de Asistencia Económica de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Según datos del Departamento de Educación federal, la Universidad Católica tiene unos 7,900 préstamos estudiantiles que entraron en período de pago entre 2020 y 2025, de los cuales 17 % registran atrasos en los pagos de 90 días o más. “Definitivamente, la culminación de la pausa ha generado un aumento en las consultas de los estudiantes, tanto de los que tenemos actualmente como de los egresados, preocupados por conocer sus opciones de repago. Muchos tienen dudas, pero nosotros contamos con herramientas que nos permiten identificar a los estudiantes que podrían caer en morosidad y contactarlos para orientarlos”, dijo.

“Para los próximos años, la expectativa es que ese número [de impagos] empiece a reflejar la realidad y lleguemos a tasas de incumplimiento de doble dígito”, coincidió Carmelo Torres, vicepresidente de Asuntos Financieros de la Universidad Ana G. Méndez, en referencia a que las tasas de incumplimiento —que durante la moratoria federal permanecieron en 0 % por la suspensión de los pagos— podrían superar el 10 %.

Señaló que un aumento sostenido en estos indicadores podría provocar mayor escrutinio por parte del Departamento de Educación federal en las ayudas económicas que se financian con fondos federales.

Entre sus campus de Gurabo, Carolina y Cupey, la Universidad Ana G. Méndez registra una tasa del 24 % de préstamos estudiantiles con 90 días o más de impago hasta marzo de 2026, según datos de la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil.

“En el peor de los casos, podría conllevar la pérdida de elegibilidad a esos fondos y que el Departamento de Educación determine que no se puede continuar utilizando los fondos de asistencia económica”, dijo Torres.

Pérez González es maestro, y su salario, de menos de $40,000 al año, apenas le alcanza para vivir y para pagar los gastos de una maestría en Administración Pública que ahora hace. Le preocupa ver cómo los intereses de sus deudas estudiantiles siguen aumentando el monto que debe.

“Con franqueza, tengo que decir que, si tengo que pagar los préstamos estudiantiles, yo no tengo dinero para pagarlos en este momento”, reconoció. Atribuyó su situación al aumento en el costo de vida, que ha reducido su capacidad para destinar parte de su salario a la deuda estudiantil.

Entre 2020 y 2025, unos 336,900 préstamos estudiantiles tramitados por instituciones universitarias en Puerto Rico entraron en período de pago, según Educación federal. El sistema universitario de Northbridge University —antes National University College (NUC), y que, en 2025, también absorbió a Columbia Central University—, encabeza la lista con un total de 48,900 préstamos estudiantiles en etapa de pago y una tasa de 37 % en pagos atrasados por más de 90 días.

Hasta marzo de 2026, NUC —ahora Northbridge University—, es la institución con la mayor tasa de préstamos estudiantiles (58 %) con más de 90 días en pagos atrasados.

Northbridge University no explicó por qué tiene tan alto volumen de préstamos en etapa de pago y defendió por escrito sus programas de prevención y orientación financiera. También indicó haber implantado un plan de prevención de incumplimiento que incluye educación financiera, orientación personalizada, programas de rehabilitación y apoyo en la colocación de empleo.

A pesar de su tasa de morosidad por pagos atrasados de 90 días, la institución mencionó que eso no ha impactado su tasa oficial de incumplimiento de cohortes, que, para 2026, se ubica en 1 %, señaló.

Los préstamos estudiantiles con 90 días o más de atraso en Puerto Rico se concentran principalmente en las instituciones con fines de lucro, donde alcanzan el 36 %. Les siguen las universidades privadas sin fines de lucro, con un 19 %, y las instituciones públicas, con un 11 %.

Préstamos para estudiar y “sobrevivir”

Fernando Vargas, de 35 años, empezó a pedir préstamos estudiantiles en 2011. Hoy debe $130,000, tiene una maestría en Arqueología a medias y ya no puede pedir más dinero prestado para terminarla.

Estudió sociología y geología en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la UPR, luego hizo estudios graduados en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Los préstamos cubrían las clases, los libros, la vivienda, y también parte de los gastos de quimioterapia de su mamá.

“La primera vez que yo solicité un préstamo estudiantil fue de $5,000 y fue para ayudarle a mi mamá a costear una quimioterapia. La manera en que yo pude aportar a su situación fue endeudándome para poder mantenerme con vida y sobrevivir allá [en Mayagüez] con todos los gastos que tenía que tener, además de los costos universitarios”, recuerda.

Los préstamos en impago en Puerto Rico representan el 16 % de la deuda estudiantil activa otorgada a estudiantes de instituciones universitarias locales, según el Departamento de Educación federal.

La agencia federal identifica los préstamos en incumplimiento después de dejar de realizar pagos durante nueve meses o 270 días, y como consecuencia, a los deudores se les puede afectar su historial de crédito y sus deudas pueden ser enviadas a agencias de cobro. Además, el Gobierno federal puede embargar hasta un 15% del salario del deudor y retener reembolsos contributivos, beneficios del Seguro Social y otros pagos federales para recuperar la deuda, así como imponer costos adicionales por la gestión de cobro, según la guía oficial de la Federal Student Aid.

Para el sociólogo César Rey, ex secretario de Educación de Puerto Rico, el que la gente deje de pagar un préstamo estudiantil a sabiendas de que eso destruye su crédito “tiene que ver con la sobrevivencia” con la que se vive actualmente en la Isla.

“La gente no se ha dado cuenta, el país no se ha dado cuenta, que aquí hay mucha gente que está sobreviviendo. Que pagan unas cosas un mes y otras cosas otro mes”, argumentó.

Dennis A. Jones

Además, los niveles de inflación reducen los ingresos y el ahorro, “no porque la gente no quiera ahorrar, sino porque no le sobra nada para hacerlo”.

“Nos endeudamos a niveles que somos incapaces de pagar”, añadió.

Para Karla Aguirre Astacio, vicepresidenta ejecutiva de Finanzas y Administración de la Universidad del Sagrado Corazón, la forma de evitar que los alumnos caigan en impago es apoyar, tanto a estudiantes como a egresados, “en la administración responsable de sus obligaciones financieras, identificar opciones de pago y fortalecer su planificación financiera a largo plazo”.

Según datos del Departamento de Educación federal, el 16% de los préstamos estudiantiles de la Universidad del Sagrado Corazón que entraron a etapa de pago entre 2020 y 2025 registraba 90 días o más de atraso en los pagos. Sin embargo, Aguirre destacó que Sagrado no ha visto un aumento en problemas de repago de los préstamos, y lo atribuyó a que la Universidad orientó anticipadamente a los estudiantes sobre la terminación del programa Saving on a Valuable Education (SAVE) y la transición a otras opciones de pago. “Al momento, no hemos identificado un impacto significativo en nuestra comunidad universitaria atribuible a estos cambios”, indicó.

El SAVE fue un programa federal de pago basado en los ingresos que reducía las mensualidades de los préstamos estudiantiles y, en algunos casos, permitía la condonación del saldo restante tras un periodo de pagos.

La Universidad Adventista de las Antillas, por el contrario, informó que ha visto un aumento en las consultas sobre el repago de préstamos estudiantiles.

“La finalización del programa SAVE y la reanudación de los pagos de los préstamos estudiantiles han generado preocupación e incertidumbre entre muchos de nuestros estudiantes y egresados”, sostuvo Xavier Ortiz, director de finanzas de la institución.

Ortiz indicó que, a raíz del incremento en consultas, la institución reforzó las orientaciones para ayudar a los deudores a comprender los cambios en los programas de repago, identificar las opciones disponibles según su situación financiera y guiarlos en los procesos correspondientes a través de Federal Student Aid y los administradores de sus préstamos.

Desventajas económicas agravan el impago estudiantil en Puerto Rico

En proporción, Puerto Rico tiene el número mayor de deudores con préstamos estudiantiles morosos, aunque hay estados que tienen mayor cantidad si se miran los datos totales. Al mirar las tasas por jurisdicción, los estados que le siguen a Puerto Rico, con 31%, son Mississippi con 28%, Louisiana con 27%, y Alabama, Nevada y Arizona, cada uno con una tasa del 25% de préstamos estudiantiles en impago.

Para el economista José Caraballo Cueto la volatilidad en los aranceles impuestos por el gobierno de Trump, y los costos asociados con los conflictos bélicos iniciados por Estados Unidos, son factores que tienen implicaciones desproporcionadas para Puerto Rico en contraste con otras jurisdicciones estadounidenses.

“Cuando ocurren estos eventos, Puerto Rico los absorbe de una manera distinta. Muchas personas contrarrestan un ciclo económico de recesión recortando gastos, y uno de esos gastos son los préstamos estudiantiles”, comentó el profesor de la UPR en Río Piedras. Explicó que, a diferencia de Estados Unidos, Puerto Rico enfrenta una recesión que combina una producción baja con una dependencia casi total de bienes importados, lo que se agrava con los aranceles impuestos por la administración Trump.

Además, la tasa de desempleo en Puerto Rico se ubicó en junio en 5.8% lo que sitúa a la Isla en la segunda posición entre las jurisdicciones de Estados Unidos con mayor desempleo, sólo superada por Washington D.C. que registró una tasa de 6%, según datos del Departamento del Trabajo federal.

Caraballo Cueto también señaló que los salarios en Estados Unidos son más altos, lo que podría permitirles a los deudores de allá “un mejor manejo de los pagos”.

Millones de deudores de préstamos estudiantiles tendrán que pagar cuotas mensuales más altas luego de que la administración Trump eliminara el programa SAVE. A partir de julio, los nuevos deudores sólo podrán elegir entre un plan de pago estándar y un plan basado en ingresos. Antes, los deudores contaban con otras opciones como planes que calculaban la mensualidad según la capacidad económica del deudor y estaba la posibilidad de establecer pagos de cero para quienes tenían ingresos suficientemente bajos. También había programas que fijaban pagos reducidos y permitían la condonación del saldo restante después de cumplir ciertos años de pagos; además de otras opciones tradicionales, como el acuerdo de un pago fijo que se mantiene, independientemente de si aumentan o disminuyen los ingresos del deudor, hasta que se salda el préstamos.

Además de eliminar el SAVE Plan, el Departamento de Educación federal limitará a partir de julio el monto que los estudiantes podrán pedir prestado: hasta $50,000 anuales y $200,000 en total para programas profesionales como Derecho, Medicina y Teología, y hasta $20,500 anuales y $100,000 en total para otros posgrados como Enfermería y Fisioterapia.

El Departamento de Educación federal ha descrito estos cambios como una simplificación de un sistema que antes era “fragmentado y confuso”.

Pérez contó que ya comenzó a recibir correos electrónicos del Departamento de Educación notificándole que, cuando finalice el verano, deberá cambiar el plan de pago que tiene actualmente debido a la eliminación del programa SAVE.

“Con el SAVE Plan yo podría pagar los préstamos de manera más cómoda, pero ahora, con la administración de Trump, que lo quiere quitar, nos quitan todas las posibilidades de que podamos pagarlos”, afirmó.

El costo de estudiar aumenta, pero los beneficios económicos tardan

Rey atribuyó el que Puerto Rico tenga la mayor tasa de préstamos morosos a las condiciones económicas que hacen más difícil acarrear con los costos de vida inmediatos en la isla, además del tiempo que toma conseguir un trabajo que dé el retorno de inversión de haber estudiado una carrera universitaria, que, cada vez más, son más caras.

“Todos tenemos en nuestra familia gente que está haciendo otra cosa radicalmente distinta a lo que estudió. Eso pone en precario a un país que de por sí tiene niveles de pobreza y desigualdad altísimos. Mientras le quitan beneficios y subsidios a los estudiantes para estudiar, estos luego van a un empleo que no es el adecuado para pagar préstamos”, explicó.

En marzo de 2026, Caraballo Cueto presentó junto a la economista Eileen Segarra el primer estudio representativo sobre movilidad social en Puerto Rico en el que confirmaron que la educación universitaria continúa siendo el principal motor de progreso económico entre generaciones. Las personas con carreras universitarias tienen hasta 16 veces más probabilidad de experimentar movilidad social al compararse con quienes no completaron estudios postsecundarios. Aún así, Caraballo Cueto es consciente de que el costo de una carrera académica puede hipotecar los ingresos futuros.

“En promedio, las personas están mejor que la generación de sus padres. Pero es un promedio. Hay unos que sí y hay otros que no. Y los préstamos que se tomaron para estudiar les pueden limitar incluso la adquisición de una casa en el futuro”, dijo.

Entre 2017 y 2026, la UPR ha enfrentado una reducción de aproximadamente 33% en los fondos que recibía del Gobierno central, como resultado de los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal mediante un plan fiscal que también provocó aumentos en el costo de los créditos en el sistema universitario público.

De los 14,400 préstamos estudiantiles que entre 2020 y 2025 entraron a etapa de pago en los once recintos de la UPR, el 10% registra atrasos de 90 días o más.

Pero los costos no golpean sólo a la universidad pública. En las instituciones privadas, la solicitud de préstamos estudiantiles ha crecido. Y el patrón está cambiando: si antes la tendencia se concentraba en estudios graduados, algunas universidades empiezan a ver ese aumento desde el bachillerato.

María Nolasco, directora de Asistencia Económica de la Pontificia Universidad Católica, dijo que el porcentaje de estudiantes con préstamos en su institución “es alto”, cada vez más entre estudiantes de bachillerato.

“Tenemos programas como Arquitectura y Ciencias que son de los más costosos”, dijo Nolasco. Esos programas “conllevan cargos adicionales y muchas veces la Beca Pell no alcanza para cubrir la matrícula y las cuotas. El estudiante se ve obligado a tomar préstamos para financiar lo que las ayudas gratuitas no pudieron cubrir”.

La dependencia de préstamos estudiantiles también responde a la naturaleza de algunas carreras especializadas, como la medicina, cuyos altos costos limitan otras alternativas de financiamiento para los estudiantes. Ese es el caso de Ponce Health Sciences University, donde entre 90% y 93% de la matrícula utiliza préstamos estudiantiles para costear sus estudios, según Elisandra Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles.

“Lo que eso significa es que nuestros estudiantes son altamente dependientes de estos fondos para poder concretar sus estudios”, dijo Rodríguez. Añadió que entre 8 y 10% de sus alumnos son estudiantes de primera generación y el 58% provienen de hogares con recursos económicos limitados, por lo que recurren a préstamos para completar carreras en áreas como medicina, medicina dental, psicología clínica y salud pública.

En promedio, esos programas requieren cerca de cinco años de estudio y la deuda acumulada de los estudiantes al terminar la carrera ronda los $248,000. Sin embargo, Rodríguez señaló que, al tratarse de profesiones especializadas con alta demanda laboral, los egresados suelen acceder a empleos con ingresos que les permiten asumir el pago de sus préstamos.

Por su parte, en la Católica, Nolasco mencionó que se le da seguimiento a sus egresados con préstamos en atraso, conscientes de que cada impago no es sólo un problema del estudiante, sino que también podría impactar a la institución. Aunque la mayoría de las veces, dijo, se trata de situaciones de desempleo, también se han topado con egresados “que tal vez han conseguido empleo, pero no ganan lo suficiente para poder cumplir con los préstamos y con todas las responsabilidades económicas que tienen”.

En una situación así se encuentra Coralys Cruz Mejías, de 34 años, con una hija de 13 y $219,000 en préstamos estudiantiles. En mayo de 2025 se doctoró en historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Hoy trabaja de mesera.

Su salario es tan bajo que el sistema federal la clasifica como elegible para un plan de pago basado en ingresos, lo que en la práctica significa que no tiene que emitir ningún pago por ahora. Los intereses, sin embargo, se siguen acumulando.

“Al estar haciendo mi bachillerato, quedé embarazada. Yo estaba estudiando, vivía fuera de casa, había muchos retos económicos y desde ahí, en bachillerato empecé a tomar préstamos. Si hubiera tenido una red de apoyo o ingresos que vinieran de otras fuentes en ese momento, pues yo no tenía que acudir a préstamos”, cuenta quien en 2014 completó un bachillerato en historia en el RUM.

Coralys aspira a encontrar un empleo relacionado con sus estudios o al menos algún trabajo que le permita mayores ingresos. Reconoce, no obstante, que aumentar su entrada económica supondrá tener que comenzar a pagar sus préstamos y adherirse a pagos acorde a los ingresos. Esa ecuación la pone a pensar en cómo esa deuda la limita a, por ejemplo, poder adquirir una casa para ella y su hija.

“Me asusta muchísimo pensar en la idea de que me gustaría en algún momento comprarme una casa y que esta cantidad de deuda sea un conflicto. Pero, sé que si me busco un empleo en el cual mis ingresos aumenten ya yo sé que de ese ingreso voy a tener una parte bien comprometida para pagar ese préstamo y me quedaré más en precario”, vaticinó.

Condonación de préstamos: la promesa que no llega

La promesa de la condonación de préstamos estudiantiles durante la presidencia de Joe Biden pudo haber creado expectativas en los estudiantes e impactado el alza en los impagos, según Rey y Caraballo Cueto. No obstante, ambos coincidieron en que es difícil establecer cuántos de los préstamos en incumplimiento pueden atribuirse a esa expectativa.

“Bajo la administración de Biden la condonación de préstamos estudiantiles fue muy importante y fue de las cosas que más revuelo ocasionó desde un punto de vista positivo para los estudiantes. No cabe la menor duda de que si tú creas una expectativa, en ocasiones, uno se sienta sobre eso”, precisó Rey.

Aunque la Corte Suprema bloqueó en 2023 el plan de cancelación masiva de hasta $10,000 o $20,000 por prestatario, la administración Biden aprobó alivios de deuda mediante programas existentes, como Public Service Loan Forgiveness (PSLF) y los planes de pago basados en ingresos.

El cambio de política llegó con la administración Trump, quien firmó en marzo de 2025 una orden ejecutiva para restringir el programa de perdón de préstamos y ordenó al Departamento de Educación federal revisar los criterios de elegibilidad y excluir a determinadas organizaciones sin fines de lucro. Semanas después, al anunciar la reanudación de los cobros a estudiantes en incumplimiento, la secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que “la ley es clara: si usted tomó un préstamo, debe devolverlo”.

Pedro González Medina

Fernando, Benjamín y Coralys reconocieron que la posibilidad del perdón de préstamos les generó expectativas de que podrían deshacerse de sus respectivas deudas, pero sus préstamos no han sido condonados.

Benjamín dijo que las noticias sobre posibles programas de condonación de préstamos influyeron en su decisión de solicitar financiamiento para sus estudios. Además, por pertenecer al magisterio, consideró que podía beneficiarse de programas de alivio similares a los que estaban disponibles para empleados públicos.

Coralys recuerda que, cuando se anunció el plan de condonación de deuda, gente cercana a ella le sugirió que se orientara antes de comenzar a pagar su deuda.

“Mucha gente me decía: ‘Mira, Cora, espera, porque posiblemente absorban parte de esa deuda, aunque sean $10,000’. Después el proceso se detuvo, pero sí tenía expectativas de que algo pasara. Lo que me ha mantenido en calma es saber que tengo opciones”, dijo en referencia a la opción de hacer pagos ajustados a sus ingresos.

Fernando, en cambio, nunca creyó del todo en esa salida.

“Definitivamente esa promesa [de perdonar los préstamos] sí influyó. [Pero] yo siempre supe que en algún momento iba a tener que pagar”, admitió.

Sin embargo, la expectativa de que los préstamos estudiantiles sean condonados tampoco significa que los prestatarios puedan dejar de pagar sin consecuencias, según Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de Ponce Health Sciences University. Explicó que los programas federales de perdón de deuda requieren que los participantes mantengan el pago de sus préstamos al día y cumplan con ciertos requisitos durante el periodo de elegibilidad.

“Uno de los requisitos bien claros que tienen esos programas es que el estudiante cada año tiene que completar un Income Based Repayment Document, donde se consideran sus ingresos, y tiene que estar en repago”, señaló.

Añadió que, incluso en programas que requieren años de servicio para acceder a la condonación, el prestatario debe mantenerse activo en el proceso de pago.

“Si el préstamo se va a delincuencia, arriesgan entonces el ‘loan forgiveness’. Así que ese programa de perdón de deuda está atado a que el estudiante esté en un estatus positivo”, alertó Rodríguez.

Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus.

Esta nota se publica en Metro.PR gracias a una alianza con el CPI. Puedes ver la historia original AQUÍ.