Alcaldes federados apuestan por erradicar los estorbos públicos en sus municipios 

La crisis de vivienda en Puerto Rico se agudiza ante la falta de inventario y un déficit estimado de hasta 55 mil unidades asequibles, por lo que, este martes, la Federación de Alcaldes convocó la Cumbre de estorbos Públicos: Nuevo Marco Estatutario para explicar las enmiendas a la nueva Ley 97-2026, que, entre otras cosas, pretende agilizar los procesos de declaración, demolición y expropiación forzosa de propiedades abandonadas o estorbos públicos.

Mediante enmiendas al Código Municipal, se aclara que la acumulación de chatarras, escombros o basura pesada en una propiedad puede justificar su declaración como estorbo público, además de los problemas en su estructura y evidente abandono. Asimismo, reitera que los 78 ayuntamientos pueden realizar los trámites administrativos y de expropiación o adquisición de acuerdo a sus propias necesidades.

En San Lorenzo se han realizado dos procesos de subastas y en agosto celebrarán el tercero. Según Alverio Ramos, han subastado 14 propiedades y han generado $700 mil dólares para el municipio.

Según dijo, la prioridad del ayuntamiento es obtener mayor inversión privada para agilizar los procesos de venta de propiedades para “erradicar los estorbos públicos y generar ingresos municipales”. Mientras, la segunda fase será priorizar la vivienda asequible.

Ante preguntas de la prensa sobre la posibilidad de que hubiese un conflicto de interés, el alcalde destacó que las subastas —el mecanismo principal que utiliza el municipio para vender la propiedad y al precio de tasación establecido— se hacen “a viva voz” y recalcó que todas las personas pueden participar del proceso.

En Aguas Buenas, la alcaldesa Karina Nieves Serrano, señaló que la prioridad es que las viviendas se entreguen a jovenes. Asimismo, indicó que hay 300 residencias estimadas como estorbos públicos, mientras, se han declarado 10.

“El orden de las subastas es que por la mañana sea para personas que no tengan hogar y esta sea su primera residencia, luego a personas que han estado interesada en la residencia y en tercera fase cualquier persona que sea inversionista”, indicó Nieves Serrano.

La alcaldesa de Vega Alta, María M. Vega Pagán, por su parte, reconoció que la intención con atacar el asunto de estorbos públicos es promover la seguridad y la salud de las comunidades.

“Nuestra intención nunca va a ser quitarle la casa a la gente o a la familia, nuestra responsabilidad es velar por la salud y seguridad por el entorno de las comunidades”, indicó la alcaldesa.

El municipio ha identificado cerca de 200 propiedades susceptibles de ser declaradas estorbos públicos. De estas, 45 aún deben completar el trámite judicial requerido antes de pasar al proceso de subasta pública.

“Yo quiero hacer un equilibrio en lo que es la propiedad en los cascos urbanos comerciales que pudieran ser para desarrollo económico y proteger a los residentes para reubicarlos en Sección 8 o vivienda pública para garantizarles una vivienda”, señaló.

El alcalde de Camuy y presidente de la Federación, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, explicó, que las áreas que sean declaradas estorbos públicos las convertirá en estacionamientos, sobre todo en terrenos que queden en esquinas dentro del casco urbano.

En segunda fase, las subastas irán dirigidas a personas que no tengan hogar y que sean residentes en Camuy. Aunque no presentó un número concreto, estimó que hay cerca de 500 propiedades que pudiesen ser declaradas como estorbo público en su municipio.

Utuado, por su lado, identificó 3,200 propiedades, mientras, existen 120 declaradas.

“Queremos darle a los jóvenes la oportunidad de darle su propio hogar, gente utuadeña que desee invertir y luego inversionistas que quieran comprar”, indicó el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia.

Asimismo, la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez Neris, indicó que se han identificado 100 estructuras con la intención de ser declaradas estorbo público. Mientras, el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, identificó sobre 1,000 espacios que pudiesen ser estorbos públicos.

“Hay una necesidad grave de vivienda como tal y la prioridad son las personas que perdieron sus residencias por los terremotos, y los pueblos limítrofes”, señaló Rivera Rodríguez.