A pagar más: factura de luz aumentará este miércoles por ajuste en combustible y compra de energía 

La decisión forma parte de una Resolución y Orden emitida este martes, mediante la cual el Negociado aprobó los factores anuales y trimestrales de la Tarifa Permanente de la Autoridad de Energía Eléctrica que estarán vigentes desde el 1 de julio de 2026.

Durante el proceso de evaluación, el Negociado tomó en consideración la volatilidad registrada en los mercados internacionales del petróleo como consecuencia de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, particularmente el conflicto entre Israel e Irán. Según la resolución, tras el anuncio del alto al fuego y la disminución en los precios internacionales del crudo, el regulador requirió a LUMA actualizar sus proyecciones para reflejar las condiciones más recientes del mercado.

El organismo regulador sostuvo que trasladar esos costos inmediatamente a los consumidores sería prematuro, ya que la recuperación de ese dinero dependerá del resultado de los procesos de reclamación contractual que aún están pendientes.

“Esta determinación responde al principio de prudencia regulatoria y busca evitar que los consumidores sufraguen costos cuya responsabilidad aún no ha sido definitivamente determinada”, indicó el Negociado.

Como resultado de ambas determinaciones —la actualización de las proyecciones de combustible y el diferimiento de los costos asociados al gas natural— el Negociado redujo el factor total de ajuste por compra de combustible respecto al escenario inicialmente evaluado, con el objetivo de mitigar el impacto económico sobre los abonados.

La resolución también confirma que el comisionado Ferdinand Ramos Soeggard emitió un voto disidente. En su opinión escrita, sostuvo que los $13.29 millones asociados a los denominados fuel vessel swaps debieron cobrarse a los consumidores en esta reconciliación, en lugar de diferirse mientras se resuelven las controversias contractuales.

El ajuste entrará en vigor el mismo 1 de julio, fecha en que también comenzará a aplicarse la nueva tarifa base aprobada previamente por el Negociado de Energía como parte del proceso de revisión tarifaria del sistema eléctrico.