La reacción ocurre horas después de que el vicepresidente de LUMA Energy, José Pérez, aclarara que la empresa no está pidiendo $1,300 millones para abandonar Puerto Rico. Pérez sostuvo que la cifra responde a partidas contempladas en el contrato y a costos que, según LUMA, podrían surgir si se termina anticipadamente el acuerdo.
El zar de Energía, Josué Colón Ortiz, rechazó ese planteamiento y sostuvo que la Autoridad de Energía Eléctrica no adeuda a LUMA las cantidades que componen cerca del 70% del cálculo. Añadió que problemas de liquidez, cuentas con suplidores y gastos operacionales existen independientemente de quién administre la red.
El Gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la AEE sostienen que la controversia ante el Supremo debe centrarse en determinar si la extensión del contrato acordada en noviembre de 2022 cumplió con los requisitos legales y regulatorios. LUMA, por su parte, mantiene que esa extensión estaba contemplada en el acuerdo original y no requería un nuevo proceso de aprobación.
El Gobierno aseguró que, si el Tribunal Supremo determina que la extensión es nula, existen mecanismos para mantener la operación de la red mientras se realiza una transición hacia otro operador privado. La selección de una empresa sustituta dependería de la decisión final del máximo foro.
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