Por su parte, Costales Soto adquirió aproximadamente 24 armas entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Las autoridades han recuperado cuatro y desconocen dónde se encuentran las otras 20.
De acuerdo con la acusación, Rivera Vega vendía armas con fines de lucro, incluso a García De Jesús, quien no estaba autorizado para comprarlas o poseerlas de comerciantes con licencia federal debido a que no contaba con una licencia válida expedida por Puerto Rico.
García De Jesús supuestamente revendía las armas y municiones a otras personas para obtener ganancias.
Las negociaciones entre los tres acusados se realizaban principalmente mediante mensajes, videos y grabaciones de audio enviados a través de WhatsApp, según las autoridades federales.
Rivera Vega, García De Jesús y Costales Soto enfrentan cargos por conspiración para traficar armas sin licencia y dedicarse al negocio de venta de armas sin licencia.
Costales Soto también fue acusado de realizar declaraciones falsas durante la compra de un arma de fuego.
De resultar convictos, los acusados enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión por los cargos relacionados con tráfico de armas. Costales Soto podría enfrentar hasta 10 años de prisión por el cargo de declaraciones falsas.
La investigación está a cargo del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). Los fiscales federales Evangeline Dech y Pedro Casablanca tienen a su cargo el procesamiento del caso.
Una acusación constituye únicamente una alegación y los imputados se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable.
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