El Proyecto de la Cámara 1372, presentado el 19 de agosto por el representante Víctor Parés Méndez junto a decenas de legisladores, crea el “Programa Estratégico para la Preservación, Modernización y Gestión de Activos del Superacueducto de Puerto Rico” y coloca su administración, desarrollo e implantación bajo AFI. La medida fue referida a la Comisión de Gobierno.
La propuesta ocurre luego de que González Delgado expresara públicamente reparos a colocar en AFI la gestión relacionada con el futuro del Superacueducto, bajo el argumento de que su administración requiere conocimiento especializado sobre los procesos de producción, tratamiento y distribución de agua. Posición que contrastaba con la del asesor de la gobernadora para asuntos del agua, Carlos Pesquera.
El proyecto, sin embargo, establece una división entre las funciones de ambas entidades.
AFI tendría autoridad para “planificar, contratar, financiar, coordinar, supervisar y ejecutar” las actividades del nuevo programa estratégico. También tendría a su cargo las solicitudes de propuestas, contratación de equipos técnicos y profesionales, administración de contratos, preparación del Plan Maestro y coordinación de fuentes de financiamiento.
La AAA conservaría la operación cotidiana y el mantenimiento ordinario del Superacueducto y tendría que suministrar a AFI la información técnica, operacional, histórica, financiera y cartográfica necesaria para desarrollar el programa.
Ambas entidades quedarían obligadas a suscribir, dentro de los 90 días siguientes a la aprobación de la ley, un acuerdo interagencial que determine los mecanismos de coordinación, acceso a instalaciones, revisión técnica, manejo de emergencias y las responsabilidades específicas de cada instrumentalidad.
Un plan para las próximas décadas
La legislación parte de la premisa de que el Superacueducto, construido entre 1995 y 2000, ha dejado de ser una fuente complementaria para convertirse en infraestructura esencial para el suministro de agua del norte y la zona metropolitana.
La medida propone declararlo formalmente un “Activo Crítico Estatal” y establecer un programa permanente —en lugar de intervenciones o reparaciones aisladas— para evaluar, preservar, rehabilitar, modernizar y monitorear su infraestructura.
La evaluación abarcaría mucho más que la tubería principal de 72 pulgadas. AFI tendría que examinar estaciones de bombeo, tanques, sistemas eléctricos, controles y telemetría, protección catódica, capacidad hidráulica, riesgos estructurales, vulnerabilidad ante sequías y eventos extremos, fuentes de agua cruda y los embalses Dos Bocas y Caonillas.
También se estudiarían la sedimentación, los acuíferos de la costa norte y posibles alternativas de redundancia, bypass, interconexiones y fuentes complementarias.
A partir de esa evaluación, AFI deberá preparar junto a la AAA un Plan Maestro de Gestión de Activos dentro de los 24 meses posteriores a la contratación del equipo encargado de los estudios, salvo causa justificada. El plan deberá identificar la condición de los activos, los riesgos, las inversiones prioritarias, los proyectos de rehabilitación y modernización y las alternativas de financiamiento. Tendrá que actualizarse al menos cada cinco años.
Fondo sin una cantidad definida
La legislación también crea un Fondo Especial para la Preservación, Modernización y Gestión de Activos del Superacueducto, que quedaría bajo la administración de AFI y cuyos recursos no revertirían al Fondo General al finalizar cada año fiscal.
Sin embargo, la medida no establece una asignación inicial ni determina cuánto costaría ejecutar el programa.
En cambio, autoriza a identificar múltiples fuentes de financiamiento, entre ellas asignaciones legislativas, fondos estatales y federales, programas de mitigación y resiliencia, préstamos, emisiones de bonos, fondos rotatorios y aportaciones de la propia AAA.
AFI también tendría que rendir anualmente al gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe que detalle, entre otros asuntos, los contratos otorgados, fondos recibidos y utilizados, proyectos en ejecución, riesgos encontrados, necesidades de inversión y cumplimiento con el calendario del programa.
El proyecto sostiene que la dependencia que Puerto Rico ha desarrollado del Superacueducto durante sus más de 25 años de operación requiere pasar de un modelo de reparación ante fallas a uno de gestión preventiva y continua.
El sistema transporta agua desde la cuenca del Río Grande de Arecibo hacia la región metropolitana mediante una línea principal de unas 46 millas y 72 pulgadas de diámetro. Actualmente contribuye directa o indirectamente al abastecimiento de comunidades desde Arecibo hasta Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Caguas Norte y Gurabo.
Related News
Arrestan a hombre por arma ilegal tras intervención por “voceteo” en Guayanilla
Arrestan en Nueva York a uno de los 12 más buscados en Puerto Rico
Cancelan el “Camuy Summer Fest” tras paralización de obras en Peñón Brusi por parte...
