Estudio cuestiona sistema de permisos para invertir en salud en Puerto Rico 

El informe, titulado How Certificates of Need and Convenience Limit Health-Care Investment and Access in Puerto Rico, fue publicado por el Instituto de Libertad Económica y el Pacific Legal Foundation. Sus autores, Ángel Carrión-Tavárez y Jaimie Cavanaugh, sostienen que la evidencia académica disponible no demuestra que este tipo de regulación haya logrado controlar los costos de los servicios médicos o mejorar el acceso a la atención de salud.

El estudio revisó más de 128 investigaciones que incluyen más de 450 pruebas empíricas sobre leyes similares en Estados Unidos. Según los autores, la literatura científica asocia estos sistemas con un mayor gasto en salud, una menor disponibilidad de servicios y efectos mixtos o adversos sobre la calidad de la atención. También concluye que estos mecanismos tienden a proteger a los proveedores establecidos al dificultar la entrada de nuevos competidores.

En Puerto Rico, la ley exige obtener un Certificado de Necesidad y Conveniencia antes de construir, adquirir, operar o ampliar una amplia variedad de instalaciones de salud, entre ellas hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de cirugía ambulatoria, laboratorios clínicos, bancos de sangre, programas de salud en el hogar y unidades móviles.

El requisito también aplica a inversiones de capital de $2 millones o más en instalaciones existentes y a la compra de equipos médicos altamente especializados con un valor de $1 millón o más.

Los investigadores describen el proceso de autorización como uno extenso y burocrático. Los solicitantes deben presentar estudios de viabilidad económica y operacional, demostrar la necesidad del proyecto, identificar las instalaciones existentes en el área de servicio y, en muchos casos, participar en vistas públicas donde otros proveedores pueden presentar objeciones.

El informe identifica varios requisitos administrativos que, a juicio de sus autores, aumentan los costos y retrasan la ejecución de proyectos. Entre ellos figuran la obligación de presentar una carta de intención antes de radicar la solicitud, la suspensión del trámite durante los meses previos y posteriores a las elecciones generales, distintos criterios geográficos para evaluar la necesidad de los servicios y restricciones para el cierre temporal o permanente de instalaciones.

Los autores sostienen que estas exigencias cobran mayor importancia debido a las condiciones particulares del sistema de salud puertorriqueño. Destacan la escasez de médicos y otros profesionales de la salud, el envejecimiento de la población, los menores reembolsos federales de Medicare y Medicaid y un gasto per cápita en salud muy inferior al promedio de Estados Unidos.

En ese contexto, argumentan que restringir la entrada o expansión de nuevos proveedores puede agravar las dificultades existentes para acceder a servicios médicos.

Como ejemplo del impacto que, según los investigadores, puede tener el sistema, el documento recoge el testimonio de un oftalmólogo del oeste de Puerto Rico que asegura haber perdido una inversión de aproximadamente $1 millón para establecer un centro de cirugía refractiva con láser tras no obtener el Certificado de Necesidad y Conveniencia. El médico también afirma que una tercera sala de operaciones permanece sin utilizar porque requiere esa autorización.

El informe contextualiza sus conclusiones con la situación financiera del sector hospitalario. Señala que más de la mitad de los hospitales de Puerto Rico operan con pérdidas, que la ocupación hospitalaria ronda el 61% y que algunos análisis proyectan que cerca de dos docenas de hospitales podrían enfrentar procesos de quiebra.

Ante ese panorama, los autores sostienen que reducir o eliminar trabas regulatorias facilitaría nuevas inversiones, permitiría reorganizar los servicios con mayor agilidad y promovería una mayor competencia.

El estudio recuerda que Puerto Rico adoptó la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia en 1975 como parte de una política federal que posteriormente fue eliminada en Estados Unidos, aunque la isla mantuvo su legislación. También repasa la decisión judicial que en 2005 eliminó la obligación de obtener un certificado para abrir farmacias y un proyecto legislativo presentado en 2017 para derogar la ley, iniciativa que finalmente no prosperó.

Como conclusión, los autores recomiendan reformar de manera significativa el régimen vigente o considerar su derogación. Proponen sustituirlo por mecanismos regulatorios enfocados en el licenciamiento, la supervisión de la calidad y las inspecciones, en lugar de controles previos sobre la entrada de nuevos proveedores. A su juicio, ese cambio permitiría aumentar la inversión en infraestructura médica, fomentar la competencia y ampliar el acceso de la población a servicios de salud.