Primer Circuito devuelve a Puerto Rico pleito por destitución de miembros de la Junta Fiscal 

La determinación devuelve la controversia ante la jueza federal María Antongiorgi-Jordán, quien en octubre de 2025 emitió un interdicto preliminar que impidió hacer efectivas las destituciones de Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa mientras se dilucidaba el caso.

El panel del Primer Circuito, compuesto por los jueces Gustavo Gelpí, Lara Montecalvo y David Barron —quien participó por designación—, concedió una moción no objetada de la administración Trump para devolver el caso al foro de instancia, a la luz de la decisión del Tribunal Supremo federal en Trump v. Cook.

La determinación no resuelve en los méritos si Trump podía destituir a los tres integrantes de la Junta ni revoca expresamente el interdicto preliminar concedido por Antongiorgi-Jordán. En cambio, permite que el Tribunal de Distrito continúe evaluando la controversia bajo el precedente establecido por el Supremo en Cook.

Administración Trump había solicitado devolver el caso

El Departamento de Justicia federal presentó el 31 de julio una moción solicitando que la apelación regresara al Tribunal de Distrito luego de la decisión del Supremo en el caso de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal.

Según explicó el gobierno en esa moción, el Primer Circuito había mantenido en suspenso la apelación de la administración Trump porque Cook planteaba interrogantes que también estaban presentes en el caso de Puerto Rico, entre ellos si una destitución presidencial “por causa” está sujeta a revisión judicial y si el presidente debe proporcionar notificación y una oportunidad de ser escuchado antes de efectuarla.

El gobierno indicó entonces que estaba evaluando sus próximos pasos tras la decisión del Supremo y sostuvo que devolver el caso permitiría que ese proceso continuara ante el Tribunal de Distrito. Los abogados de González, Biggs y Rosa, así como los representantes de los otros demandados, no se opusieron a la solicitud.

La controversia sobre PROMESA

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando la administración Trump notificó la destitución de varios integrantes de la Junta Fiscal.

PROMESA establece que los miembros de la Junta son nombrados por el presidente para términos de tres años y dispone expresamente que el mandatario puede removerlos “solo por causa”.

González y Rosa recibieron sus notificaciones de destitución el 1 de agosto de 2025, mientras que Biggs recibió una comunicación similar el 13 de agosto. Las comunicaciones indicaban que sus puestos quedaban terminados inmediatamente, pero no especificaban las razones para las destituciones.

Los tres acudieron al tribunal y argumentaron que Trump había incumplido la protección establecida en PROMESA.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2025, la administración envió cartas en las que atribuyó las destituciones a alegada “ineficiencia, inefectividad, negligencia y fracaso en adelantar la misión estatutaria” de la Junta.

Antongiorgi-Jordán determinó preliminarmente que PROMESA impone límites reales a la facultad presidencial para remover integrantes de la Junta y que los tres demandantes tenían derecho a recibir notificación y una oportunidad de ser escuchados antes de su destitución.

La jueza concluyó además que las actuaciones del presidente probablemente violaron el requisito de remoción “por causa”, debido a que inicialmente no se expresó una razón para las destituciones ni se ofreció a los miembros una oportunidad para impugnarlas.

El tribunal también determinó que las destituciones bajo esa disposición de PROMESA están sujetas a revisión judicial, al razonar que lo contrario permitiría que el presidente pudiera, en la práctica, remover a los integrantes de la Junta por cualquier razón o sin razón alguna.

El precedente de Lisa Cook

La nueva etapa del caso ocurre después de que el Tribunal Supremo federal resolviera el 29 de junio Trump v. Cook, controversia surgida del intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

Al igual que PROMESA para los integrantes de la Junta Fiscal, la ley federal aplicable a los gobernadores de la Reserva Federal establece una protección de remoción “por causa”.

Trump intentó destituir a Cook luego de que funcionarios de su administración la acusaran de posibles irregularidades relacionadas con hipotecas. Cook acudió a los tribunales y obtuvo una orden preliminar que le permitió permanecer en su puesto mientras continuaba el litigio.

El Supremo rechazó la solicitud de la administración Trump para suspender esa protección y permitir la destitución de Cook mientras se resolvía el caso.

Ahora, con la devolución ordenada por el Primer Circuito, corresponderá a Antongiorgi-Jordán determinar cómo el precedente establecido por el Supremo en Cook incide sobre el litigio de González, Biggs y Rosa y sobre las protecciones que PROMESA establece para la remoción de los integrantes de la Junta Fiscal.