Durante su cobertura en La Guaira, Metro Puerto Rico documentó enormes montañas de escombros acumuladas junto a edificios colapsados, mientras continuaban las labores de búsqueda de víctimas. Días después, comenzaron a circular, en redes sociales, vídeos en los que se observaba a camiones descargando esos residuos directamente en el mar. Díaz Martín confirmó que parte de esas imágenes corresponde a hechos reales, aunque aclaró que otras fueron difundidas fuera de contexto.
Según cifras oficiales al 15 de julio, los terremotos generaron unas 17 millones de toneladas de escombros, de las cuales aproximadamente 1.62 millones corresponden únicamente al estado de La Guaira, una de las zonas más devastadas por el desastre.
“¿Qué significa lanzar escombros directamente al mar? Significa tapiar lo que existe en el fondo marino”, afirmó.
Según este, dicha práctica sepulta organismos que habitan el lecho marino, incrementa la turbidez del agua y facilita la dispersión de contaminantes presentes en los materiales de construcción.
“Es como producir un desastre después de otro desastre. Salir corriendo para desaparecer los escombros no es la solución ni mucho menos el inicio de un proceso de reconstrucción que tanta importancia y tanta necesidad tiene el país en este momento”, expresó.
Impacto sobre la pesca y las comunidades
Díaz Martín sostuvo que las consecuencias de disponer los escombros en el mar no se limitarían al ambiente, sino que también afectarían la economía y la salud de las comunidades costeras.
“Estamos destruyendo atractivos turísticos, pero también estamos acabando con la pesca artesanal”, indicó.
Explicó que metales pesados y otras sustancias presentes en los residuos pueden incorporarse a la cadena alimentaria y terminar afectando a las personas que consumen pescado y otros productos marinos.
Asimismo, recordó que las playas de La Guaira poseen características geológicas particulares por su formación sedimentaria, por lo que modificar artificialmente la línea costera puede alterar procesos naturales desarrollados durante décadas.
Conforme al experto, las denuncias realizadas por organizaciones ambientales, entre ellas Vitalis, llevaron a las autoridades a emitir un pronunciamiento público recordando que esa disposición está prohibida y que corresponde tanto al Ministerio competente como a las autoridades nacionales y locales velar por el cumplimiento de la normativa.
“La autoridad llegó tarde, pero llegó”, comentó Díaz Martín.
Riesgos para quienes remueven los escombros
El ambientalista también alertó sobre los riesgos que enfrentan rescatistas, voluntarios y trabajadores que participan en la remoción de estructuras colapsadas.
Explicó que el polvo generado durante las demoliciones puede contener partículas de plomo, asbestos y otros materiales nocivos para la salud, por lo que recomendó utilizar mascarillas, equipos de protección personal y sistemas para controlar la dispersión del polvo.
“Hay que cuidar a nuestros rescatistas”, afirmó, al señalar que también deben contar con otros equipos de seguridad para reducir el riesgo de lesiones durante las labores de rescate y limpieza.
Los escombros pueden aprovecharse para la reconstrucción
Díaz Martín sostuvo que la solución no consiste en retirar rápidamente los residuos, sino en gestionarlos de forma adecuada.
Explicó que, tras separar los materiales peligrosos, buena parte de los escombros puede reciclarse y reutilizarse en rellenos, subbases de carreteras, drenajes y otras obras de infraestructura, reduciendo tanto el impacto ambiental como los costos de reconstrucción, una propuesta que Vitalis también planteó recientemente en un comunicado público.
“Ojalá que nosotros tengamos también una buena historia que contar en algunos años”, expresó, al recordar que otros países afectados por grandes terremotos, como Japón y Turquía, lograron avanzar en sus procesos de reconstrucción.
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