A 74 años del ELA: el debate entre el gobierno propio y la sombra de la Junta de Supervisión Fiscal 

La llegada de la Junta de Supervisión Fiscal es, para diversos sectores en la isla, el ejemplo más claro del poder que ejerce el gobierno federal sobre Puerto Rico. El representante popular Ramón Torres, sin embargo, atribuye su imposición a la mala administración de los políticos que han gobernado la isla, tanto del Partido Popular Democrático (PPD) como del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“El Estado Libre Asociado, si lo vamos a definir desde el punto de vista jurídico, es un sistema de gobierno con gobierno propio que tiene una relación con Estados Unidos y que, en años recientes, ha tenido unos traspiés en el sentido de que se le impuso una Junta de Control Fiscal que no tiene nada que ver con el Estado Libre Asociado. Si hubiésemos sido estado o un país independiente, de igual forma nos iban a imponer una Junta, porque la realidad es que esta llegó por la mala administración del gobierno, no porque somos un Estado Libre Asociado”, expresó el legislador, quien asegura que dentro del PPD “ha vuelto ese orgullo” de ser estadolibrista.

“El Estado Libre Asociado permite tener un gobierno propio; permite tener una soberanía cultural, una soberanía deportiva y una soberanía fiscal. Eso muy poca gente lo reconoce, en el sentido de que Puerto Rico, por ejemplo, puede tener leyes fiscales con las que el IRS (Servicio de Impuestos Internos) no interviene. Esa es una de las cláusulas más importantes que tiene el Estado Libre Asociado”, agregó.

Torres rechazó tajantemente que el ELA sea sinónimo de colonia, ya que, según este, “la definición de colonia es cuando los colonizados no tienen la ciudadanía de la metrópolis, y nosotros tenemos la ciudadanía de los Estados Unidos desde 1917”.

Pese a defender el estatus actual de la isla, el representante no descartó que se puedan buscar más poderes para ampliar la autonomía puertorriqueña.

“El Estado Libre Asociado hay que verlo en tres dimensiones: lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Lo que fue: fue un vehículo político y económico que nos sacó de la miseria; de eso no hay duda y no se puede discutir con nadie. Lo que es: es una relación con los Estados Unidos en la que tenemos ciudadanía, pero también tenemos nuestra cultura, nuestra soberanía deportiva y nuestra soberanía fiscal. Y lo que puede ser: es que ciertamente podemos aspirar a mucha más autonomía política, a mayor participación al momento de tomar decisiones, pero siempre respetando esa relación con los Estados Unidos”, indicó.

Otra voz que reconoció que la relación entre el ELA y el gobierno de Estados Unidos tiene espacio para mejorar fue la senadora popular Ada Álvarez Conde, quien sostiene que la llegada de la Junta viola el acuerdo original entre ambas partes.

“Creo que el 25 de julio es importante conmemorarlo y celebrar, sobre todas las cosas, nuestra Constitución. Y si me preguntas cómo está la relación ahora, pues creo que hay que evaluar que una de las cosas más importantes que se celebra el 25 de julio es que las dos banderas estuvieran a la misma altura. Y yo soy de las que cree que un caso como la Junta de Control Fiscal ha bajado la nuestra y no estamos a la misma altura en cuanto al gobierno propio que tanto peleó Muñoz Marín, en ese momento, y que, además de él, firmó Luis A. Ferré”, opinó la legisladora.

“En la medida en que guardamos nuestra identidad y cultura, y en el momento actual que vive Puerto Rico con una Junta, debemos plantearnos la necesidad de volver a estar a la misma altura, de sentarnos a la mesa a trabajar los espacios que haya que trabajar”, agregó Álvarez Conde, quien está convencida de que la imposición de la Junta fue un acto discriminatorio contra la isla, pues “fue un asunto de negociación con los bonistas” y “no nos dieron la oportunidad de acogernos a una quiebra como a otros estados”.

Sin embargo, para el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, el Congreso de Estados Unidos nunca cumplió con el compromiso de seguir desarrollando lo pactado en 1952, aunque reconoce que la Constitución “fue un paso de avance en un largo proceso de descolonización” que, a su entender, “no ha terminado”.

“Todos los intentos bajo Muñoz Marín y bajo Hernández Colón, que son los esfuerzos más serios, fracasaron. Nunca ha habido la voluntad política del Congreso para permitir un desarrollo, un crecimiento, como tú lo quieras llamar”, detalló el también expresidente del PPD. “Se reconoció un limitado gobierno propio, obviamente cuestionado ahora bajo PROMESA, pero se reconoció en ese momento. En segundo lugar, está la Constitución en sí, un documento al que todavía hoy se le sigue llamando de avanzada desde el punto de vista de derechos constitucionales”, dijo Acevedo Vilá, quien admite haber evolucionado en su pensamiento y reconoce, “con dolor”, que “el Congreso, la Casa Blanca y los tribunales actúan como si estuviéramos bajo los poderes plenarios del Congreso”, algo que califica de “inaceptable”.

Consultado sobre la posición actual de su colectividad en torno al estatus, Acevedo Vilá expresó que, “en este momento, ya sea por razones estratégicas o por razones sustantivas, el tema del estatus no es una prioridad de cara a 2028 para el Partido Popular Democrático. Puedo entender las razones estratégicas para eso, aunque, para mí, el estatus siempre debe ser un asunto a discutirse”.