Más de 200 funcionarios electos se unen contra reclamo de bonistas que podría aumentar la factura de la luz en Puerto Rico 

La iniciativa fue impulsada por Local Progress, una red de funcionarios electos en Estados Unidos, e incluye el respaldo de congresistas como Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, Jesús “Chuy” García, Delia C. Ramírez y Greg Casar, además de legisladores estatales, alcaldes y funcionarios municipales de 29 estados y Puerto Rico.

El grupo busca que el tribunal confirme la decisión previa de la jueza federal Laura Taylor Swain, quien desestimó la reclamación de un grupo de bonistas liderado por el fondo de cobertura GoldenTree, que exige prioridad de pago sobre $3,700 millones que, según argumentan, debieron destinarse al pago de la deuda tras el paso del huracán María.

Según los firmantes, acceder a ese reclamo tendría consecuencias económicas para Puerto Rico, ya que cualquier pago adicional a los bonistas recaería sobre los abonados de la AEE mediante aumentos en las tarifas eléctricas, debido a que la corporación pública permanece en quiebra.

“Presentamos este escrito para ilustrar al Tribunal de Apelaciones sobre el impacto humano de este caso y explicar el contexto en el que se toman las decisiones sobre los gastos en disputa”, expresó Julio López Varona, portavoz de la campaña No + Aumentos, organización que colaboró en la preparación del recurso judicial.

López sostuvo que una decisión favorable a los bonistas pondría en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y limitaría la capacidad de Puerto Rico para mantener un servicio asequible.

“En este caso está en juego que más de tres millones de personas en Puerto Rico puedan tener un sistema eléctrico estable y asequible”, afirmó.

Los funcionarios electos argumentaron además que la AEE continúa siendo la única empresa encargada del sistema eléctrico del país y que cualquier reducción en los recursos disponibles afectaría directamente a hospitales, escuelas, pequeños comercios, jubilados, trabajadores y familias que dependen de un servicio eléctrico confiable.

Asimismo, señalaron que la controversia trasciende a Puerto Rico, al advertir que una decisión favorable a los bonistas podría sentar un precedente que limite la capacidad de gobiernos estatales y municipales en Estados Unidos para utilizar recursos públicos durante situaciones de emergencia sin exponerse a reclamaciones similares por parte de acreedores.

El escrito también responde a otro documento presentado por 13 estados con gobiernos republicanos, cuyos fiscales generales respaldaron la posición de los bonistas al argumentar que proteger los derechos de los acreedores fortalece la confianza de los mercados y reduce el costo de financiamiento para los gobiernos.

No obstante, los más de 200 funcionarios sostienen que esa postura ignora el contexto excepcional que enfrentó Puerto Rico tras el huracán María y los terremotos, así como la necesidad de que los gobiernos conserven flexibilidad para atender emergencias sin comprometer servicios esenciales.

El caso permanece ante la consideración del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, que deberá determinar si revoca o mantiene la decisión emitida previamente por la jueza Swain.