Familia reconoce que la falta de integración entre programas dificulta el acceso a ayudas federales 

La Comisión enfocó parte de sus trabajos en la evaluación de los fondos asignados bajo los programas WIOA y TANF, dos de los principales instrumentos federales dirigidos a promover la capacitación laboral, el acceso al empleo y la autosuficiencia económica de las familias puertorriqueñas.

Ante cuestionamientos del senador Ríos Santiago sobre la distribución de las ayudas económicas por programas, Limardo Ortiz señaló que en el Departamento no hay una intercomunicación para conocer los datos de los participantes y se puedan compartir entre las cuatro sombrillas de la agencia.

“Por falta información o por falta de conocimiento, enviamos a la persona a otra administración y haz la solicitud cuando lo correcto sería que en una sola gestión, se lograra solicitar a todos los programas”, explicó el asesor legal.

Limardo Ortiz entregará próximamente un listado a la Comisión sobre los fondos federales no utilizados.

El director de la Oficina de Planificación y Fondos Federales del Departamento, Luis Pedraza González añadió que, “ha sido un reto conectar los datos de los participantes con relación a los requisitos de elegibilidad, es un asunto de que los sistemas se comuniquen”.

“Estamos muy en pañales en este caminar, hace falta presupuesto para esto”, añadió.

Del mismo modo, la Comisión evaluó aspectos relacionados con el manejo de fondos federales otorgados mediante los llamados fondos discrecionales, otorgados mediante un Notice of Funding Opportunity (NOFO) del gobierno federal, de los que Pedraza González indicó que no pueden distribuirse libremente por las agencias o gobiernos estatales, aun cuando existan recursos disponibles.

Una vez los recursos son asignados a la agencia, esta es responsable de preparar un State Plan —un documento que detalla cómo administrará los fondos y que debe ser aprobado conforme a las disposiciones federales—. Sin embargo, ese plan no puede alterar los criterios establecidos por la fuente de financiamiento.

Sobre esto, Pedraza González explicó que, aunque exista dinero disponible, no necesariamente todas las entidades o personas interesadas pueden acceder a él.

“El mecanismo de hacer accesible esos fondos es a través de un State Plan aprobado por áreas de necesidad y elegibilidad y, lamentablemente, como ya está escrito por la fuente de fondos, no necesariamente cualifican. En esos casos puede sobrar dinero”, expresó.

El estatus limita el acceso de Puerto Rico a fondos federales, según trascendió en vista pública

El asesor legal de Familia explicó a la Comisión que debido al estatus político de Puerto Rico, el dinero federal que se recibe es mucho menor que el que reciben muchos estados que tienen, incluso, menor número poblacional.

“Nosotros en el Departamento, aunque estamos recibiendo subvenciones federales, si el estatus fuera otro, si fuéramos estado específicamente, definitivamente pudiésemos hacer llegar un número mucho más alto de fondos”, explicó Limardo Ortiz.

“Nosotros atendemos a las poblaciones vulnerables pero no podemos decir que los atendemos a todos, precisamente por el estatus. Tenemos que seleccionar poblaciones especificas para que se beneficien de los servicios del Departamento. Está abierto para todos pero no podemos decir que es para los 3 billones de puertorriqueños”, añadió.

En abril de este año, el Congreso de Estados Unidos dejó el Farm Bill fuera de Puerto Rico para una transición inmediata al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“El Comité (de Agricultura) apoya el objetivo de que Puerto Rico eventualmente transicione del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) basado en subvención en bloque al SNAP, y reconoce que SNAP le daría a Puerto Rico más herramientas para promover el empleo”, señala el documento del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes.

El esfuerzo por integrar a Puerto Rico al SNAP lleva años en discusión en Washington. Sin embargo, en diciembre de 2025, el comisionado residente Pablo José Hernández Ortiz lo defendió ante el Congreso su proyecto de ley para lograr esa transición al argumentar que el sistema actual del PAN ofrece beneficios significativamente menores.

Según datos presentados entonces, una familia de tres personas recibe en promedio unos $315 mensuales bajo el PAN, frente a cerca de $535 bajo SNAP. Además, el acceso al SNAP implicaría alrededor de $1,000 millones adicionales anuales en asistencia alimentaria y permitiría acceso directo a fondos de emergencia en caso de desastres naturales.

No obstante, el asesor legal del Departamento y el director Pedraza González coincidieron con que no han recibido gestiones realizadas en cuanto a la transición al SNAP desde oficinas externas a las de la agencia.

La expresión surge luego de que la senadora Roxanna Soto Aguilú cuestionara sobre quién es el enlace por parte de la oficina del comisionado residente que los mantiene al tanto (al Departamento de la Familia) sobre los procesos que se hacen para trabajar en coordinación para la transición.