Estudio cuestiona pagos adicionales a bonistas y alerta sobre situación económica de pensionados a una década de PROMESA 

El estudio, titulado “10 años de PROMESA: recortan pensiones para pagarle millones extra a los bonistas”, fue divulgado al cumplirse una década de la aprobación de la Ley PROMESA y examina el impacto del Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central sobre las finanzas públicas y el sistema de retiro.

Según los autores, los Instrumentos de Valor Contingente (IVC) —un mecanismo incluido en el Plan de Ajuste que contempla pagos adicionales a los acreedores cuando los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) superan determinadas proyecciones— generaron desembolsos por $1,523 millones entre 2022 y 2025, equivalente a un promedio de $381 millones anuales.

El informe compara esa cifra con el costo estimado de conceder un ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8 % a los pensionados del Gobierno Central, que calcula en $72.3 millones anuales, y concluye que los pagos contingentes a bonistas representan más de cinco veces ese monto.

La investigación también estima que más de 60,400 pensionados del Gobierno Central reciben ingresos por debajo del umbral federal de pobreza. De acuerdo con el análisis, la pensión promedio anual asciende a $12,238, mientras el umbral federal de pobreza para una persona fue fijado en $15,440 para el año 2025.

Además, los investigadores sostienen que la inflación ha reducido significativamente el poder adquisitivo de las pensiones congeladas durante los pasados 18 años. Según sus cálculos, una persona jubilada necesitaría alrededor de $500 adicionales al mes para mantener el mismo nivel de vida que tenía cuando comenzó a recibir su pensión.

El economista José Alameda, presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, indicó que el análisis da seguimiento a los pagos efectuados bajo los planes de ajuste de la deuda y a los desembolsos realizados mediante los IVC desde que entró en vigor el Plan de Ajuste del Gobierno Central.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Comisión, Eva Prados, afirmó que el estudio también revisa el alcance de la reducción de deuda lograda mediante la reestructuración. Según el informe, al incorporar los pagos en efectivo y los IVC ya desembolsados, el alivio obtenido sería menor al porcentaje de reducción que ha divulgado la Junta de Supervisión Fiscal.

Los autores sostienen que, de acuerdo con sus cálculos, el recorte efectivo de la deuda disminuiría conforme aumenten los pagos contingentes contemplados en el acuerdo.

Asimismo, la economista Dahil Colón, una de las investigadoras del informe, señaló que la mayoría de los pensionados tiene una edad promedio de 74 años, lo que limita sus posibilidades de regresar al mercado laboral para compensar la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación.

Las organizaciones exhortaron al Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa y la Junta de Supervisión Fiscal a evaluar un ajuste por costo de vida para las pensiones y revisar la política de pagos contingentes contemplada en el Plan de Ajuste.