Gobierno busca descartar reclamos de LUMA en pleito por contrato 

La solicitud surge luego de que LUMA presentara el pasado 23 de junio una reconvención —el mecanismo legal mediante el cual respondió a la demanda de las corporaciones públicas con sus propios reclamos— en la que alegó, entre otras cosas, dolo en la formación y ejecución de la Carta-Extensión, enriquecimiento injusto, mala fe contractual y abuso del poder ejecutivo.

En la moción radicada el 13 de julio, la AEE y la P3 argumentan que la reconvención carece de fundamento jurídico y que la mayoría de las reclamaciones formuladas por LUMA dependen de que primero se declare nula la Carta-Extensión, por lo que consideran que son prematuras y deben ser desestimadas.

Las corporaciones públicas sostienen que la controversia principal sigue siendo “estrictamente de derecho” y puede resolverse mediante la interpretación de las leyes aplicables y de los contratos suscritos entre las partes, sin necesidad de un proceso probatorio para establecer hechos controvertidos.

Como parte de sus argumentos, el Gobierno sostiene que la Carta-Extensión eliminó el límite de 18 meses que originalmente tenía el acuerdo suplementario y permitió prolongar indefinidamente el periodo transitorio. Además, argumenta que esa modificación nunca obtuvo el Certificado de Cumplimiento de Energía del Negociado de Energía de Puerto Rico que, según su interpretación de la Ley 120, era necesario para que la enmienda tuviera plena validez jurídica.

La AEE y la P3 también afirman que los reclamos de LUMA buscan eludir la controversia principal del caso, que es la legalidad de la Carta-Extensión, y sostienen que los remedios solicitados por la empresa son “prematuros e improcedentes” porque dependen de que el tribunal primero determine que dicho acuerdo es nulo.

Gobierno insiste en que el Supremo resuelva la controversia

De forma paralela, la AEE, la P3 y la gobernadora Jenniffer González presentaron escritos ante el Tribunal Supremo en los que reiteran que la controversia puede resolverse mediante certificación intrajurisdiccional, al entender que se trata de un asunto exclusivamente jurídico y de alto interés público.

En esos escritos sostienen que la reconvención presentada por LUMA no altera la naturaleza del litigio y que el máximo foro puede decidir si la Carta-Extensión cumplió con los requisitos legales para modificar el contrato de alianza sin necesidad de celebrar un juicio. Según las corporaciones públicas y la Gobernadora, resolver esa controversia permitiría encaminar el resto del caso.

La demanda original fue presentada por la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas en diciembre de 2025 con el objetivo de que se declare nula la Carta-Extensión suscrita el 30 de noviembre de 2022, al alegar que incumplió con los requisitos establecidos en las leyes que regulan las alianzas público-privadas y la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.