Choque petrolero de 2026 representa mayor riesgo para la economía de Puerto Rico, según CRECE 

“Hoy, ninguno de esos factores favorables está presente y cuando llegó el choque la economía ya estaba estancada”, expresó.

El informe señala que el Índice de Actividad Económica está “prácticamente estancado” desde 2023 y que el crecimiento del empleo perdió impulso hasta tornarse negativo en 2025, aunque el empleo total no agrícola alcanzó en abril de 2026 su nivel más alto en 17 años.

CRECE también apuntó al impacto de cerca de $1,000 millones en costos asociados a aranceles federales en 2025, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

A esa presión se suma la dependencia energética de Puerto Rico. El informe indica que cerca de 93% en la capacidad de generación eléctrica todavía depende de combustibles fósiles importados.

En 2022, el precio promedio de la gasolina al detal aumentó 43%, de 79 centavos por litro en 2021 a $1.13 entre febrero y agosto de ese año.

CRECE estimó que ese aumento tuvo un costo de $628 millones para la economía local y pudo reducir entre 0.6 y 0.8 puntos porcentuales el crecimiento real del Producto Nacional Bruto en el año fiscal 2022.

El estudio también señala que el componente de transporte del Índice de Precios al Consumidor aumentó 15.6% interanual en junio de 2022.

En electricidad, el precio promedio subió 59% entre julio de 2021 y julio de 2022, y 35% entre enero y julio de 2022.

Según CRECE, los precios de gasolina y electricidad tardaron cerca de 10 meses en regresar a niveles previos al choque de 2022, mientras la presión de costos eléctricos tardó cerca de 18 meses.

El informe plantea que, si un aumento de $30 por barril se hubiera sostenido durante un año completo en 2026, el costo económico habría superado 1,000 millones de dólares.

CRECE recomendó medidas de alivio inmediato, entre ellas suspender temporalmente la crudita, suspender por 45 días el arbitrio sobre gasolina y diésel, y suspender por 90 días el impuesto de 7% a alimentos preparados.

El informe estimó que suspender la crudita por 90 días tendría un costo fiscal con tope de $60 millones, mientras suspender el arbitrio sobre combustibles por 45 días costaría cerca de $25 millones. La suspensión del impuesto a alimentos preparados tendría un costo estimado de 63 millones de dólares.

El estudio también plantea que las empresas deben revisar sus operaciones, reducir desperdicio energético, diversificar suplidores y mercados, y usar estrategias de precios temporeras para proteger márgenes sin perder consumidores.

“La respuesta por parte del sector público y privado debe incorporar alivio inmediato que mantenga dinero en los bolsillos de consumidores y negocios, así como reformas estructurales”, concluye el informe.