Durante ese periodo, el municipio otorgó 14 contratos y 65 enmiendas por 12,276,773 dólares para construcción, reparación y remodelación de estructuras en centros de los programas.
El primer señalamiento corresponde a un contrato de 273,952 dólares para remodelar el Centro Head Start del barrio Lavadero B, firmado el 11 de diciembre de 2020 por el entonces alcalde.
La Contralora indicó que el contrato se formalizó antes de que transcurrieran los 10 días reglamentarios desde la notificación de adjudicación emitida el 3 de diciembre de 2020, lo que podía exponer al municipio a una impugnación.
Otro señalamiento corresponde a la subasta del 30 de enero de 2020 para la remodelación del Centro Head Start del barrio Sabana Eneas.
El informe establece que no se encontraron para examen las fianzas de licitación requeridas a los licitadores, ni fueron suministradas por los funcionarios municipales durante la auditoría.
Una certificación de la secretaria municipal y presidenta de la Junta de Subastas, fechada el 23 de junio de 2025, indicó que las fianzas no fueron localizadas en el expediente de la subasta.
En sus comentarios a la auditoría, la administración municipal actual sostuvo que esos procesos fueron autorizados por la pasada administración.
“Bajo nuestra administración, todos los procesos de licitación y contratación como se ha informado anteriormente, se están llevando a cabo según lo establecen las leyes y reglamentos vigentes”, indicó la administración municipal.
El exalcalde Isidro Negrón Irizarry rechazó el señalamiento sobre la fecha del contrato.
“Si bien el Reglamento establece un término de diez (10) días para la formalización del contrato tras la notificación de adjudicación, es meritorio señalar que el contrato se otorgó en la tarde del noveno día”, sostuvo Negrón Irizarry.
Sobre las fianzas no localizadas, el exalcalde indicó que “su ausencia física en el expediente al momento de la intervención respondió estrictamente a un proceso de trámite administrativo interno de archivo y no a una falta de cumplimiento por parte del contratista o del Municipio”.
La Oficina de la Contralora mantuvo el hallazgo. Sobre el contrato, concluyó que se otorgó al octavo día. Sobre las fianzas, sostuvo que debían estar disponibles para examen, independientemente del tiempo transcurrido.
Vega Fournier recomendó cumplir con el Plan de Acción Correctiva, formalizar contratos solo después del término reglamentario y establecer un sistema de archivo que permita conservar y localizar fianzas y documentos de subasta.
El informe OC-26-48 está disponible en la página de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.
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