Senado avala nueva ley para modernizar el Poder Judicial de Puerto Rico 

La medida deroga la vigente Ley de la Judicatura de 2003 y crea un nuevo marco jurídico para atender los retos contemporáneos del sistema judicial puertorriqueño. Entre sus principales disposiciones, reorganiza la estructura administrativa del Poder Judicial, elimina de manera prospectiva la categoría de juez municipal para uniformar la composición del Tribunal de Primera Instancia, reafirma el modelo constitucional de administración compartida entre el Tribunal Supremo y el Juez Presidente, y crea el Patronato del Poder Judicial como un mecanismo para allegar recursos destinados a la conservación, restauración y modernización de la infraestructura judicial.

Asimismo, la legislación fortalece la autonomía administrativa del Poder Judicial mediante la creación y reorganización de diversas oficinas especializadas, amplía las funciones de la Academia Judicial, promueve métodos alternos para la solución de conflictos, fortalece los programas de orientación ciudadana y acceso a la justicia, actualiza el funcionamiento del Negociado de Traducciones para agilizar la publicación en inglés de decisiones, reglamentos y resoluciones del Tribunal Supremo, y moderniza diversas disposiciones de la Ley Notarial. Además, incorpora un crédito contributivo por donativos al Patronato del Poder Judicial para incentivar aportaciones destinadas al fortalecimiento institucional de la Rama Judicial.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazó los señalamientos de que la medida le resta facultades a la presidenta del Tribunal Supremo. “Decir que este proyecto quiere quitarle poderes a la presidenta del Tribunal Supremo es mentir. En ninguna de las disposiciones del proyecto se le quita la autoridad para designar al administrador o para ejercer las funciones que le corresponden conforme a la Constitución”, sostuvo. Añadió que la medida fue ampliamente discutida mediante varias vistas públicas celebradas tanto en el Capitolio como en distintas regiones de Puerto Rico, lo que permitió la participación de diversos sectores para presentar recomendaciones, respaldos u objeciones al proyecto.

Por su parte, el presidente de la Comisión de lo Jurídico, el senador Ángel Toledo López, defendió la propuesta al señalar que esta recoge en ley prácticas administrativas que ya existen en la Rama Judicial. “Una cosa es ‘usted dirigirá la administración’ y otra cosa es ‘ustedes administran’, en plural; así lo recoge la Convención Constituyente. Este proyecto incorpora a la ley procesos que actualmente realiza el Tribunal Supremo, como la adopción de reglas sobre administración judicial, reglamentos de personal, cánones de ética, sistemas de evaluación judicial y otros asuntos relacionados con el funcionamiento administrativo de la Rama Judicial”, expresó.

De igual forma, la senadora Roxanna Soto Aguilú afirmó que el Proyecto del Senado 1096 busca aclarar el alcance de la administración del Tribunal Supremo conforme al Artículo V, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico. “Lo que estamos buscando no es tan solo reformar, sino clarificar de forma taxativa, clara y directa lo que ha sido, desde 1951, el debate sobre quién administra la Rama Judicial”, puntualizó.

Como parte de los trabajos de la sesión, el Senado también aprobó el Proyecto del Senado 996, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que establece la “Ley para la Educación, Prevención y Atención Integral del Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD) en la Población Veterana de Puerto Rico”. La legislación reconoce el PTSD como un asunto prioritario de salud pública y crea un marco de política pública dirigido a la prevención, diagnóstico temprano, tratamiento especializado, rehabilitación psicosocial y reintegración comunitaria de los veteranos afectados por esta condición.

La medida impulsa campañas educativas para reducir el estigma asociado al trastorno, promueve la coordinación entre agencias para garantizar acceso a servicios médicos, psicológicos, sociales, laborales y de vivienda, fortalece los programas de apoyo para las familias de los veteranos y dispone iniciativas de capacitación para personal de primera respuesta, con el propósito de mejorar la atención a quienes enfrentan crisis relacionadas con esta condición.

De igual forma, fue aprobado el Proyecto del Senado 1161, presentado por el portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, por petición, que incorpora nuevos delitos al Código Penal para combatir prácticas fraudulentas contra veteranos durante los procesos de reclamación de beneficios federales. La medida tipifica como delito el cobro ilegal por asistencia en reclamaciones iniciales, la prestación de servicios remunerados sin acreditación federal, el cobro de honorarios excesivos por representantes autorizados y otras prácticas predatorias relacionadas con el acceso indebido a información de veteranos. Además, establece multas, restitución obligatoria, circunstancias agravantes y mecanismos de coordinación entre agencias para la investigación y procesamiento de estas conductas.

También del senador Matías Rosario, el Proyecto del Senado 1288, que establece la “Ley para la Aplicación Uniforme del Redondeo en Transacciones en Efectivo de Puerto Rico”, con el fin de crear un sistema uniforme y obligatorio para el redondeo de pagos en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano, ante la eventual escasez de monedas de un centavo. La medida dispone que el redondeo solo aplicará a transacciones en efectivo una vez calculados los impuestos, prohíbe que los comerciantes manipulen precios para obtener beneficios mediante el redondeo, exige informar claramente al consumidor sobre el ajuste realizado y faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y al Departamento de Hacienda a fiscalizar su cumplimiento, garantizando la protección del consumidor y la neutralidad contributiva del proceso.

El Senado también dio paso al Proyecto del Senado 1007, presentado por el senador Ángel Toledo López por petición, que enmienda el Código Municipal para reincorporar la Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe dentro de la estructura organizacional de los municipios. La iniciativa fortalece la coordinación entre los gobiernos municipales y las organizaciones comunitarias, sin fines de lucro y de base de fe, con el propósito de ampliar los servicios dirigidos a comunidades vulnerables, promover el desarrollo social y económico, fomentar valores y reforzar la colaboración con el tercer sector.

Asimismo, recibió aprobación el Proyecto del Senado 1225, de la autoría del vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, que actualiza la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y la legislación sobre aranceles registrales para continuar el proceso de modernización del Sistema Karibe. Entre sus principales disposiciones, facilita diversas operaciones registrales, elimina trámites innecesarios, habilita nuevos servicios digitales como certificaciones y copias electrónicas de planos, amplía el uso del Fondo Especial del Registro para el desarrollo tecnológico y la capacitación del personal, modifica diversos procedimientos para agilizar las transacciones inmobiliarias y fortalece el funcionamiento del Registro de la Propiedad.

Por otro lado, se dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 196, que reasigna $1,352,861 del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, provenientes de balances de los años fiscales 2017 al 2020, certificados, al 1 de mayo de 2026, para ser distribuidos entre los municipios para sufragar obras y mejoras permanentes, proyectos de desarrollo económico, mantenimiento de infraestructura crítica e iniciativas relacionadas con la salud y la seguridad pública, además de autorizar el pareo de fondos para maximizar el impacto de estas inversiones.

A su vez, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución Conjunta del Senado 187, de la autoría del presidente del Senado, para designar con el nombre de “Ing. Miguel A. Cordero López” el Edificio Neos, ubicado en la avenida Ponce de León en San Juan, donde ubican las oficinas centrales de LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica.

Finalmente, fue aprobada la Resolución del Senado 543, presentada por el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, que ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia, ante las constantes interrupciones en el servicio de agua potable registradas en diversos municipios. La pesquisa examinará si los procesos de facturación aplicados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cumplen con las disposiciones legales vigentes durante situaciones de emergencia que afectan el suministro de agua a los abonados.