Luego aprobaba esas reclamaciones falsas y colocaba su propia información bancaria y dirección para recibir de forma fraudulenta los fondos correspondientes a beneficiarios del Seguro Social.
De acuerdo con la prueba, Faria retiró, transfirió y gastó dinero de las cuentas que recibieron los fondos de manera fraudulenta. Durante 12 años, sometió y aprobó 13 reclamaciones falsas.
El caso fue investigado por la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, con asistencia de la Policía de Puerto Rico.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal Stephen Muldrow; Amy Connelly, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social; Carlos Goris, agente especial a cargo del FBI en San Juan; y Blasdimir Rojo, inspector postal a cargo de la División de Miami.
Las fiscales federales especiales Vanessa Bonano Rodríguez y Niranjan Emani, de la Administración del Seguro Social, estuvieron a cargo del procesamiento del caso.
La sentencia fue señalada para el 29 de septiembre de 2026 ante la jueza federal Gina Méndez Miró. Faria enfrenta una pena mandatoria de 2 años de prisión por robo agravado de identidad, que deberá cumplirse de forma consecutiva a cualquier otra sentencia por robo de fondos del gobierno, fraude electrónico y fraude postal.
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