En ambos casos, la mayoría conservadora de la Corte se impuso por seis votos contra tres, con el rechazo de los magistrados liberales, consolidando la estrategia de mano dura impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
En el primero de los fallos, el Supremo autorizó al Gobierno a reactivar una política que impide a los migrantes solicitar asilo simplemente presentándose en la frontera entre Estados Unidos y México, al considerar que quienes permanecen en territorio mexicano no “llegan” al país por el solo hecho de intentar ingresar sin éxito.
En una segunda decisión emitida el mismo día, la Corte también avaló la revocación del TPS para inmigrantes de Haití y Siria, una medida que podría dejar sin protección migratoria a cerca de 360,000 personas, entre ellas unos 350,000 haitianos y 6,100 sirios.
El Supremo sostuvo que la ley que regula el programa, creado en 1990 para proteger temporalmente a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países por guerras o desastres naturales, impide que los tribunales revisen las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre la designación o cancelación de ese beneficio.
El magistrado conservador Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria, afirmó que la legislación establece de forma “clara” y “muy amplia” que las determinaciones del Gobierno sobre el TPS no están sujetas a revisión judicial.
La decisión también desestimó los argumentos de los demandantes que citaron comentarios despectivos de Trump sobre los haitianos durante la campaña presidencial. La mayoría concluyó que esas expresiones no eran “abiertamente raciales” y que respondían a posturas del mandatario sobre política migratoria.
El programa TPS protege de la deportación y concede permisos de trabajo a extranjeros que no pueden regresar de forma segura a sus países. Desde su retorno al poder en 2025, la Administración Trump ha impulsado la eliminación de este beneficio para más de una docena de nacionalidades, entre ellas la venezolana.
Con ambos fallos, el Tribunal Supremo fortalece la agenda migratoria restrictiva del presidente estadounidense y limita las vías legales de protección para cientos de miles de inmigrantes.
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