LUMA alega tener evidencia de presiones de Francisco Domenech para impulsar la cancelación del contrato 

Durante una entrevista en Nación Z, el abogado Fran Torres Viada sostuvo que esas alegaciones forman parte de la estrategia legal presentada por LUMA en respuesta a la demanda del Gobierno de Puerto Rico para dejar sin efecto el contrato de operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica.

“Nosotros tenemos prueba también preliminar y eso es lo que sustenta esas alegaciones, que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ha participado directamente en reuniones con funcionarios que tienen que ver con el manejo y la administración de este contrato para influenciar el criterio y para presionar la cancelación de este contrato”, afirmó Torres Viada.

Al ser cuestionado sobre si existe evidencia para respaldar esas afirmaciones, Torres Viada respondió que la empresa cuenta con prueba preliminar y anticipó que el litigio permitirá ampliar la información mediante el proceso de descubrimiento de prueba.

“Hay evidencia de ello, pero va a haber más evidencia porque ahora empieza un proceso de descubrimiento de prueba y ese descubrimiento de prueba va a ser un descubrimiento de prueba agresivo, enérgico”, expresó.

Añadió que la estrategia legal de LUMA será llevar el caso utilizando “las armas del conocimiento, de la inteligencia y de la verdad”.

Las expresiones del abogado surgen en momentos en que Domenech también enfrenta cuestionamientos relacionados con su participación en asuntos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). En esa controversia, tanto el secretario de la Gobernación como la gobernadora Jenniffer González han sostenido que las gestiones realizadas por Domenech forman parte de sus funciones para implantar la política pública de la administración y han rechazado que constituyan intervenciones indebidas.

La gobernadora también ha reiterado, tanto durante la campaña electoral como desde que asumió el cargo, que la cancelación del contrato de LUMA constituye un compromiso de su administración. Como parte de esa política pública, el Gobierno presentó una demanda para solicitar la nulidad del contrato al alegar incumplimientos por parte de la empresa.

La controversia judicial

Las expresiones de Torres Viada ocurren días después de que LUMA presentara una contrademanda contra el Gobierno de Puerto Rico, en la que calificó de frívolo el intento de anular el contrato y reclamó daños que podrían ascender a $4,500 millones.

En ese escrito judicial, la empresa también vinculó el pleito con otras controversias que enfrenta la administración de Jenniffer González, incluyendo la crisis por el suministro de agua potable y la disputa pública entre Domenech y el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard. Según LUMA, esos conflictos reflejan un problema de credibilidad gubernamental que podría afectar la confianza de inversionistas en Puerto Rico.

La empresa sostiene que el pleito responde a motivaciones políticas y advierte que la terminación del contrato podría afectar la estabilidad del sistema eléctrico, mientras el Gobierno mantiene que existen fundamentos para solicitar la nulidad del acuerdo por presuntos incumplimientos contractuales.