Organización advierte sobre impacto de proyecto que limitaría derechos a pacientes de cannabis 

Aleczer Rivera sostuvo que el uso de cannabis, por sí solo, no debe servir como fundamento automático para privar a una persona de derechos constitucionales, especialmente cuando no existe evidencia de adicción, intoxicación al momento de portar o poseer un arma, conducta violenta, incapacidad mental o un riesgo real para sí mismo o para terceros.

Además, aplaudió la reciente determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en United States v. Hemani, una decisión que marca un precedente importante en la discusión sobre cannabis, derechos constitucionales, seguridad pública y el alcance del poder del Estado para imponer restricciones automáticas a ciudadanos sin una evaluación individualizada.

“El Tribunal Supremo federal acaba de enviar un mensaje claro: el gobierno no puede descansar en presunciones generales para limitar derechos fundamentales. No se puede asumir que una persona es peligrosa, incapaz o adicta simplemente porque es paciente de cannabis medicinal”, expresó Rivera.

Rivera enfatizó que G9 reconoce la importancia de la seguridad pública y el deber del Estado de regular responsablemente tanto el acceso a armas como el uso de sustancias controladas. Sin embargo, sostuvo que esa responsabilidad debe ejercerse con precisión, evidencia científica, criterios objetivos y respeto a los derechos constitucionales.

“Este no es un debate entre cannabis y seguridad pública. Ese es un falso dilema. Todos queremos seguridad pública. La verdadera pregunta es si Puerto Rico va a legislar desde la evidencia o desde el estigma. La decisión federal nos recuerda que los derechos no se eliminan por categoría, se evalúan con hechos”, añadió.

El Proyecto de la Cámara 651 se encuentra ante la consideración del Senado tras haber sido aprobado en la Cámara de Representantes.

“El Senado tiene ante sí la oportunidad de atender este asunto con calma, balance y seriedad. No se trata de descartar preocupaciones legítimas sobre seguridad. Se trata de evitar que una política pública mal calibrada termine castigando a pacientes responsables, muchos de ellos adultos trabajadores, veteranos, personas con condiciones crónicas y ciudadanos que cumplen con la ley”, indicó Rivera.

La organización también expresó preocupación por el impacto que una prohibición automática podría tener sobre pacientes que dependen del cannabis medicinal como parte de su tratamiento autorizado por el Estado, incluyendo personas con dolor crónico, cáncer, condiciones neurológicas, ansiedad severa, trastorno de estrés postraumático u otras condiciones reconocidas bajo el marco legal vigente.

“Puerto Rico no debe obligar a un paciente a escoger entre su tratamiento médico y sus derechos civiles. Mucho menos cuando el propio sistema del Estado le reconoce a esa persona una licencia como paciente bona fide de cannabis medicinal”, sostuvo Rivera.

G9 Alliance aclaró que su posición no favorece que personas intoxicadas, adictas, violentas o que representen un riesgo real puedan manejar armas de fuego.

“La decisión del Tribunal Supremo federal no dice que todo uso de cannabis sea irrelevante. Lo que dice es que el gobierno necesita más que una etiqueta. Necesita evidencia. Necesita proceso. Necesita demostrar riesgo. Ese es el estándar que Puerto Rico debe mirar antes de convertir una condición médica en una causal automática de exclusión”, expresó Rivera.

La organización sostuvo que una alternativa responsable debe distinguir entre pacientes autorizados, uso indebido, intoxicación, historial de violencia, dependencia problemática, incumplimiento con la ley y riesgo individual real.

Según G9, esa distinción es esencial para proteger simultáneamente la seguridad pública, la privacidad médica, la dignidad de los pacientes y los derechos constitucionales.

“Esta es una oportunidad para que Puerto Rico demuestre madurez legislativa. Podemos proteger la seguridad pública sin discriminar contra pacientes. Podemos regular sin estigmatizar. Podemos cumplir con la Constitución sin abandonar el sentido común”, concluyó Rivera.