LUMA recurre al Negociado para detener límites a gastos legales 

Por ello, solicitó autorización para continuar utilizando abogados externos sin estar sujeta al tope de $750 por hora y para acceder a los fondos presupuestados para cubrir gastos relacionados con Título III durante el año fiscal 2026 mientras se resuelve la reconsideración.

ICSE pide excluir la moción

Menos de 24 horas después, el Institute of Competitiveness and Economic Sustainability respondió con una moción en la que solicita al Negociado excluir del expediente la presentación de LUMA o, en la alternativa, permitir que las demás partes puedan responder formalmente a sus planteamientos.

ICSE argumenta que el Negociado ya había ordenado el pasado 18 de mayo que no se aceptarían escritos adicionales, réplicas o nuevas presentaciones sin autorización expresa, luego de tomar bajo asesoramiento las distintas mociones de reconsideración radicadas por las partes.

Según el grupo interventor, gran parte del escrito presentado por LUMA repite argumentos que ya habían sido incluidos en la reconsideración sometida el 5 de mayo, por lo que constituye una nueva solicitud de reconsideración presentada sin permiso del regulador.

ICSE también adelantó que, si el Negociado decide considerar la petición de LUMA, solicitará la oportunidad de oponerse formalmente.

Entre otros argumentos, cuestiona que la empresa no haya demostrado que los gastos legales cuya recuperación busca beneficien directamente a la AEE o a los abonados del sistema eléctrico. Asimismo, plantea dudas sobre posibles conflictos entre los intereses que LUMA defiende en algunos litigios y los intereses de los consumidores.

La organización también sostiene que LUMA no identificó obligaciones procesales específicas que quedarían desatendidas si el Negociado mantiene vigentes las restricciones impuestas en la orden tarifaria.

El Negociado todavía evalúa varias solicitudes de reconsideración contra la nueva tarifa eléctrica, que rechazó un aumento en los ingresos solicitados por LUMA, Genera PR y la AEE, y estableció cambios en la estructura tarifaria que entrarán en vigor el próximo 1 de julio.