Contralora refiere a Justicia investigación sobre programa de empleo temporero en Arroyo
08 June 2026
La investigación de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) surgió por una querella sobre un participante del Programa de Experiencia de Trabajo y Empleos Temporeros por Desastre, administrado por la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI).
De acuerdo con la investigación, el participante trabajó en el municipio de Arroyo desde el 14 de junio hasta el 31 de diciembre de 2024 y recibió 15,237.52 dólares en salario neto con fondos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).
La querella señalaba que el participante laboraba en el municipio mientras cursaba estudios universitarios presenciales en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
La OCPR informó que la evidencia incluyó certificaciones de AMSI, documentación académica del Recinto Universitario de Mayagüez y entrevistas realizadas durante el proceso investigativo.
Según la información obtenida, AMSI certificó que la supervisión y aprobación de las asistencias del participante recaía en un ayudante especial del alcalde de Arroyo. También informó que el horario laboral era variable y no estaba sujeto a un turno fijo.
La investigación reveló que durante el semestre académico de agosto a diciembre de 2024 el participante estaba matriculado en 5 cursos universitarios presenciales e híbridos, con horarios que coincidían en varias ocasiones con horas reportadas como trabajadas en el municipio.
Profesores universitarios certificaron la presencia física del estudiante en varias fechas de 2 cursos examinados. Al comparar esa información con los registros laborales, la OCPR identificó 6 ocasiones en las que el participante reportó trabajo durante horarios que coincidían con asistencia presencial a clases.
Las fechas identificadas fueron el 12, 21 y 28 de agosto de 2024, así como el 16, 23 y 30 de octubre de 2024.
La OCPR identificó además conflictos de horario entre registros de asistencia laboral y académica en otros 27 días entre el 13 de agosto y el 5 de diciembre de 2024.
Aunque en esos casos no fue posible obtener certificaciones adicionales de presencia física en salones de clase, la documentación examinada reflejó incompatibilidades entre las obligaciones académicas y laborales del participante.
“La evidencia obtenida durante la investigación refleja situaciones que comprometen la transparencia, la legalidad y la sana administración de los recursos públicos. Corresponde ahora a las agencias con jurisdicción evaluar los hechos y determinar si procede la adopción de medidas adicionales”, añadió.
El informe señala que las circunstancias identificadas constituyen un posible uso indebido de fondos de la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA), legislación federal dirigida a promover oportunidades de empleo, capacitación y desarrollo laboral.
Como resultado de la investigación, la OCPR refirió el caso al Departamento de Justicia para que evalúe posibles violaciones de leyes o reglamentos y determine las acciones correspondientes.
La Oficina de la Contralora también emitió un referido a AMSI para que examine los hallazgos y adopte las medidas administrativas pertinentes.
Vega Fournier recomendó al alcalde de Arroyo establecer controles más rigurosos para que los supervisores de participantes adscritos a programas administrados por AMSI ejerzan supervisión efectiva, validen asistencias y velen por el cumplimiento de las tareas asignadas.
De acuerdo con la información provista, AMSI implantó medidas inmediatas después de identificar el incidente para corregir la situación y reforzar el cumplimiento de los procesos.
“Los ciudadanos tienen derecho a esperar que cada dólar invertido en programas públicos sea utilizado de manera responsable, transparente y conforme a la ley. La rendición de cuentas continúa siendo una de las herramientas más importantes para fortalecer la confianza en la gestión gubernamental”, concluyó Vega Fournier.
