Senado da paso a uso de inteligencia artificial en subastas y amplía beneficios de retiro 

Entre las iniciativas avaladas figura el Proyecto del Senado 731, de la autoría del senador de mayoría Wilmer Reyes Berríos, que propone crear la “Ley de Licitaciones Públicas con Inteligencia Artificial de Puerto Rico”. La medida busca centralizar las compras, adquisiciones y subastas gubernamentales bajo la Administración de Servicios Generales y hacer obligatorio el uso de la plataforma Jointe-E-Procurement Digital Intelligence (JEDI) en las entidades gubernamentales cubiertas por la Ley 73-2019.

Según el informe legislativo, Puerto Rico ya cuenta con la plataforma JEDI para uniformar y digitalizar los procesos de contratación pública, aunque su implementación ha sido parcial. La medida plantea aprovechar avances recientes en inteligencia artificial y modelos de lenguaje para fortalecer la eficiencia y transparencia en la adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno.

Durante la discusión de la medida, Reyes Berríos sostuvo que la evidencia presentada ante la comisión legislativa demostró que la plataforma JEDI cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente y permite automatizar procesos relacionados con adquisiciones y subastas públicas.

Asimismo, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 762, presentado por el senador Luis Daniel Colón La Santa, para ampliar la definición de “Servidor Público de Alto Riesgo” dentro del Sistema de Retiro del Gobierno.

La medida incluiría en esa categoría a jefes de instituciones juveniles, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, fiscales de distrito, fiscales auxiliares, procuradores de menores y de familia, así como agentes de rentas internas del Departamento de Hacienda.

La propuesta cobra relevancia debido a que la Ley 11-2023 estableció beneficios especiales para este grupo de empleados públicos. Bajo ese esquema, los participantes pueden acogerse voluntariamente al retiro al cumplir 55 años de edad y 30 años de servicio, mientras que el retiro se torna obligatorio al alcanzar los 58 años y tres décadas de servicio gubernamental.

Por otro lado, los senadores dieron paso al Proyecto del Senado 1005, de la senadora Roxanna Soto Aguilú, para aumentar de 70 a 75 años la edad máxima para que los conductores puedan renovar su licencia de conducir mediante procesos digitales.

La medida busca promover la inclusión tecnológica entre la población de adultos mayores y agilizar los servicios que ofrece el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). El proyecto cita experiencias de otras jurisdicciones estadounidenses y estudios que apuntan a beneficios asociados con la adopción de herramientas digitales por parte de personas de edad avanzada.

Además de estas iniciativas, el Senado aprobó varias medidas relacionadas con la protección de evidencia en casos de delitos sexuales, programas deportivos para personas neurodivergentes, protección animal, reclamaciones de los clientes del sistema eléctrico y resoluciones para investigar asuntos relacionados con la seguridad marítima y la erosión costera en Arecibo.

Las medidas deberán continuar ahora el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.