Junta Fiscal advierte que planes territoriales seguirán “interinos” hasta completar reforma de permisos 

La advertencia surge en una carta enviada el 27 de mayo por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la que el organismo aprobó con condiciones varias órdenes ejecutivas relacionadas con revisiones de planes territoriales de municipios como Cayey, Adjuntas, San Sebastián, Bayamón, Sabana Grande, Quebradillas y Loíza.

Según la JSF, los cambios regulatorios y legislativos actualmente en discusión podrían alterar el marco bajo el cual se aprobaron esos planes municipales, por lo que no serán considerados finales hasta que culminen las reformas al sistema de permisos y los municipios vuelvan a someterlos para revisión.

“La Junta de Supervisión Fiscal aclara que cualquier plan territorial emitido antes de la aprobación de nueva legislación sobre permisos, de la actualización del Plan de Uso de Terrenos y de la futura reglamentación será tratado como una medida interina”, sostuvo la carta enviada a la gobernadora.

La advertencia ocurre mientras la administración González Colón impulsa una amplia reforma al sistema de permisos mediante legislación y reglamentación que busca agilizar procesos y consolidar funciones gubernamentales. Entre las medidas bajo evaluación se encuentran el Proyecto del Senado 1183 y el Proyecto de la Cámara 1213, así como una nueva reglamentación conjunta trabajada por la Junta de Planificación y otras agencias.

La JSF indicó que todas las modificaciones relacionadas con el Plan de Uso de Terrenos y la reforma de permisos son “relevantes” para los planes territoriales municipales, por lo que entiende que deben ser consideradas antes de otorgarles carácter definitivo.

No obstante, el ente fiscal aclaró que los permisos y autorizaciones ya emitidos bajo el marco legal vigente no perderán validez. La carta establece que cualquier permiso aprobado continuará siendo final y efectivo para evitar afectar proyectos económicos y desarrollos en curso.

La Junta también recordó a La Fortaleza que, bajo PROMESA, las órdenes ejecutivas relacionadas con reglamentación y política pública deben ser sometidas para revisión y aprobación antes de su emisión.