Quejas disciplinarias contra Parra y Ferraiuoli ponen en primer plano el sistema ético que regula la abogacía en Puerto Rico 

El primer proceso involucra a la exfiscal Janet Parra, designada por González Colón como secretaria del Departamento de Justicia en diciembre de 2024, pero cuyo nombramiento nunca fue confirmado por el Senado. En abril de 2026, el Tribunal Supremo notificó la presentación de una queja disciplinaria contra Parra, radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. El alto foro le concedió un término de 10 días para presentar su contestación y advirtió que, de no comparecer, la querella podría ser referida al pleno del Tribunal, con posibles sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio de la abogacía. Punto Digital supo que el proceso sigue activo y que la abogada presentó formalmente su contestación a la queja radicada por Rivera Schatz.

El segundo caso atañe a la licenciada Verónica Ferraiuoli, directora ejecutiva del Distrito de Convenciones y esposa del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Esta semana, el Tribunal Supremo acogió una queja ética contra Ferraiuoli relacionada con la presunta representación legal del secretario de Salud, Víctor Ramos, mientras ambos ocupaban posiciones dentro del gobierno —ella como secretaria de Estado interina y él como secretario de Salud— sin haber solicitado una dispensa. El Tribunal le concedió hasta el 2 de junio para mostrar causa por la cual no debe ser sancionada disciplinariamente.

Ambos casos ilustran el funcionamiento del sistema disciplinario que regula la conducta ética de los abogados y abogadas en Puerto Rico, bajo la autoridad exclusiva del Tribunal Supremo. El proceso se rige por las Reglas de Conducta Profesional.

¿Cómo comienza el proceso disciplinario?

El proceso inicia con la presentación de una queja contra un abogado o abogada, que puede ser sometida por una persona particular, una parte afectada o incluso por funcionarios públicos. Una vez recibida, el Tribunal Supremo —a través de su Secretaría— notifica al profesional querellado y le concede un término para responder.

El marco reglamentario que rige este proceso está disponible en el portal del Poder Judicial de Puerto Rico (poderjudicial.pr), que publica las Reglas de Conducta Profesional, el Código de Ética Profesional y las Reglas de Disciplina Judicial. En conjunto, estos documentos establecen el marco ético que deben seguir los abogados (dependiendo de sus funciones) y las consecuencias por incumplirlo.

Etapa de contestación e investigación

Luego de la notificación, el abogado o abogada debe presentar su contestación dentro del término concedido y notificar a la parte promovente. El procedimiento se mantiene confidencial mientras esté en trámite, protegiendo tanto al querellante como al querellado. Este carácter confidencial es esencial para garantizar la integridad del proceso hasta que el Tribunal emita una determinación final.

En esta etapa, el Tribunal Supremo puede delegar la realización de una investigación preliminar a la Oficina del Procurador General del Departamento de Justicia. El Procurador evalúa la queja y, si determina que hay méritos, le exige al abogado querellado que exponga sus alegaciones o muestre causa por su conducta. Si concluye que existe evidencia suficiente, el Procurador General presenta una querella formal ante el Tribunal Supremo.

Designación de Comisionado Especial

El Tribunal Supremo nombra a un Comisionado Especial (generalmente un juez retirado) para que celebre una vista evidenciaria. En esta vista, tanto el Procurador (en representación de la queja) como el abogado querellado tienen la oportunidad de presentar prueba y contrainterrogar testigos. El Comisionado Especial somete un informe con determinaciones de hechos y recomendaciones al Tribunal Supremo.

Evaluación por el Tribunal Supremo

El más alto foro revisa este informe y toma la decisión final sobre si el abogado cometió una falta ética y qué sanción imponer. Es decir, el Tribunal evalúa la naturaleza de la conducta alegada, la evidencia presentada y si hubo violación a las Reglas de Conducta Profesional, que establecen deberes de honestidad, competencia, lealtad al cliente, confidencialidad y responsabilidad profesional, entre otros. Las nuevas Reglas de Conducta Profesional —aprobadas en 2025 y vigentes desde 2026— modernizan este sistema con normas más específicas y consecuencias disciplinarias más claras.

Posibles sanciones

Si el Tribunal determina que hubo violaciones éticas, puede imponer amonestaciones o censuras, multas, suspensión temporal del ejercicio de la abogacía, o suspensión indefinida o separación definitiva de la profesión.

La importancia del proceso disciplinario

El proceso disciplinario no solo busca sancionar conductas indebidas, sino proteger al público y preservar la confianza en el sistema de justicia. En ese sentido, es una herramienta fundamental para garantizar que la práctica legal en Puerto Rico cumpla con los más altos estándares éticos y profesionales.

La reglamentación completa está disponible en el portal oficial del Poder Judicial en poderjudicial.pr.