Senado aprueba medidas sobre abogacía, salud oral y reconocimiento de sentencias 

Por una parte, el Proyecto del Senado 1024 propone enmendar la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939 para eliminar el requisito de residencia de doce meses previo a solicitar admisión a la abogacía en Puerto Rico. Además, deroga la admisión sin examen para ciertos abogados admitidos en otras jurisdicciones y crea una Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida, adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La exposición de motivos menciona que “con esta medida, la Asamblea Legislativa reafirma su propósito de atemperar el ordenamiento jurídico de Puerto Rico a las mejores prácticas nacionales en materia de admisión y regulación de la profesión legal, promoviendo estándares de equidad, transparencia y modernización, reconociendo el poder inherente y constitucional del Tribunal Supremo de Puerto Rico”.

Asimismo, se le dio paso al Proyecto del Senado 1028 para enmendar varias Reglas de Procedimiento Civil con el fin de disponer que las sentencias emitidas por tribunales de estados y territorios de Estados Unidos sean reconocidas automáticamente en Puerto Rico, sin necesidad del procedimiento de exequátur. La propuesta fundamenta este cambio en la Cláusula de Plena Fe y Crédito de la Constitución de Estados Unidos y en legislación federal aplicable.

De igual forma, fue aprobado el Proyecto del Senado 1047, presentado por petición a través del líder senatorial, para enmendar la “Ley de la Junta Dental Examinadora” y facultar a dicha entidad a emitir licencias provisionales a asistentes dentales. La propuesta busca atender la escasez de estos profesionales en Puerto Rico y permitir que asistentes dentales recién graduados puedan integrarse más rápidamente al campo laboral mientras completan el proceso de reválida para obtener su licencia permanente.

El informe legislativo explica que las licencias provisionales podrían ser otorgadas a asistentes dentales recién graduados de instituciones acreditadas mientras completan el proceso de reválida para obtener su licencia permanente. También se contempla la posibilidad de conceder licencias temporeras a profesionales licenciados en otras jurisdicciones de Estados Unidos que deseen ofrecer servicios voluntarios en Puerto Rico.

Confirmados nombramientos

De otro lado, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige Thomas Rivera Schatz, rindió informes positivos a dos designaciones del Ejecutivo. Recibieron el consejo y consentimiento del Senado Viviana J. Torres Reyes, como jueza del Tribunal de Apelaciones en ascenso y la licenciada Ana Marie Cruz Rodríguez, como comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico.

Aval a otras medidas legislativas

Por otra parte, recibió aprobaciónel Proyecto del Senado 1130,presentado por petición a travésde la senadora de mayoría, Nitza Moran Trinidad. La medida propone enmendar la Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y otras leyes relacionadas con el cooperativismo.

Entre las disposiciones principales se encuentra la creación de un “Registro de Personas Destituidas o Inhabilitadas para Funciones de Dirección o Administración en Cooperativas”. Además, se autoriza a COSSEC a publicar órdenes finales de destitución o inhabilitación y a expedir certificaciones sobre la elegibilidad de personas para ocupar cargos directivos o ejecutivos en cooperativas.

Igualmente, recibió aprobación el informe del Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 255 del portavoz alterno de mayoría Juan Oscar Morales Rodríguez. La medida añade inciso a la Ley de Agencias de Informes de Créditos y a la Ley de Agencias de Cobros, con el propósito de prohibir la práctica de reportar a las agencias de crédito información de consumidores relacionadas con deudas por gastos médicos.

De igual forma, se avaló la Resolución Conjunta del Senado 123 del senador de mayoría, Wilmer Reyes Berríos. La resolución conjunta ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) designar parte de la carretera estatal PR-153 en el municipio de Coamo, desde el Km. 6.7 hasta el Km. 14.4, con el nombre de José Enrique “Quique” Meléndez, exsenador por el Distrito de Guayama. La medida busca reconocer su trayectoria como servidor público y defensor del desarrollo económico y social del distrito.

A su vez, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 142 de la senadora de mayoría, Jamie Barlucea Rodríguez. La resolución conjunta ordena al DTOP y a la Autoridad de Carreteras culminar la segunda y tercera fase de la carretera estatal PR-9. El proyecto busca completar la conexión de esta vía con las carreteras PR-10, PR-123, PR-132 y la Avenida Baramaya, en jurisdicción del Municipio de Ponce.

También, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 143del senador de mayoría Rafael “Rafy” Santos Ortiz. La resolución conjunta ordena a la Autoridad de Tierras y a la Junta de Planificación proceder con la liberación de restricciones sobre una finca ubicada en Barranquitas.

Aprobadas resoluciones de investigación

Igualmente, el Alto Cuerpo avaló del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, la Resolución del Senado 356. La resolución ordena investigar la estructura y funcionamiento del ecosistema deportivo en Puerto Rico. El análisis incluiría el rol de entidades públicas y privadas vinculadas al deporte.

A su vez, de la vicepresidenta senatorial Marissita Jiménez Santoni, se le dio paso a la Resolución del Senado 382. La resolución propone investigar la implantación de un currículo de enseñanza sobre planificación y manejo de finanzas en las escuelas del Distrito Senatorial de Carolina.

De igual forma, se aprobó la Resolución del Senado 323 del senador de mayoría, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, para investigar el cumplimiento con la Ley del Departamento de Seguridad Pública por parte de propietarios de alquileres a corto plazo en Puerto Rico. La medida busca evaluar si los dueños de propiedades utilizadas para alquileres temporeros están cumpliendo con requisitos de seguridad y reglamentación establecidos por ley.

Asimismo, se avaló la Resolución del Senado 298 de la senadora de mayoría, Karen Román Rodríguez, para investigar el aumento en los precios de productos ofrecidos en mercados familiares autorizados bajo programas de asistencia alimentaria. La pesquisa estaría enfocada en los establecimientos que sirven a participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).