“Wanda Vázquez solicitó una reconsideración a la Policía de Puerto Rico”, sostuvo González Falcón al ser cuestionado sobre el proceso. El funcionario indicó además que la solicitud fue denegada, aunque reconoció no recordar la fecha exacta de esa determinación.
En respuesta, la exgobernadora aseguró que en la carta enviada a la Uniformada dejó claro que renunciaba al servicio y que no acudiría a ningún foro posterior relacionado al asunto para evitar que la controversia continuara dominando la discusión pública.
“Mi decisión fue renunciar al servicio de escoltas y poner punto final a esta situación. Por eso, decir lo contrario es una gran y mal intencionada mentira”, sostuvo.
Vázquez Garced también alegó que el proceso mediante el cual se le removió el servicio estuvo plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso de ley.
Según afirmó, nunca se le notificó adecuadamente ni se le entregó la opinión legal que supuestamente sustentó la determinación tomada por la Policía.
Además, aseguró que la comunicación enviada al superintendente detallaba “punto por punto” las alegadas acciones contrarias a ley y señalaba contradicciones entre expresiones previas del propio González Falcón ante la Legislatura y la postura asumida posteriormente por la Uniformada.
La exgobernadora aprovechó además para lanzar críticas directas al jefe de la Policía y al manejo de la criminalidad en Puerto Rico.
“Hay otros asuntos más importantes en los que el superintendente debe preocuparse. Puerto Rico está inmerso en una incipiente ola criminal no vista en años, infames los asesinatos de mujeres entre otros asuntos”, expresó.
La controversia sobre las escoltas de Vázquez Garced comenzó luego de que, a mediados de marzo, González Falcón ordenara eliminar oficialmente el servicio de seguridad que recibía la exgobernadora tras una solicitud de la administración de Jenniffer González Colón y una evaluación legal del Departamento de Justicia.
En aquel momento, el superintendente confirmó que Vázquez Garced contaba con cinco escoltas y dos vehículos oficiales asignados. Además, sostuvo públicamente que el pueblo cuestionaba la legalidad y necesidad de mantenerle ese privilegio luego del caso federal que enfrenta la exmandataria.
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