“Muchas personas, aun sin conocerme, nunca dudaron y siempre me dieron su apoyo”, expresó.
La determinación del Departamento de Justicia fue anunciada el jueves en la noche por la secretaria Lourdes Lynette Gómez Torres, quien notificó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que no existe evidencia suficiente para sostener una posible violación al delito de perjurio durante el proceso de consejo y consentimiento de Roig Fuertes.
Según Justicia, la evaluación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor incluyó prueba documental, certificaciones oficiales y otros documentos relacionados con el referido presentado por el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz.
La pesquisa concluyó que, aunque Roig participó en reuniones y rindió una declaración jurada ante el Departamento de Salud, no existe evidencia de que hubiera sido notificada como investigada, sospechosa o persona de interés en algún procedimiento administrativo o penal.
La agencia también descartó reabrir el caso relacionado con el expediente 2022-31-102-00022, originalmente referido por el Departamento de Salud, al concluir que la documentación adicional sometida por Hernández Ortiz no constituye evidencia nueva que altere la determinación previa de cierre y archivo.
Por su parte, Hernández Ortiz criticó la decisión y aseguró que se trata de un “sendo toallazo” del gobierno a la funcionaria. El senador sostuvo que el PFEI todavía tiene la facultad de investigar el asunto, aun cuando Justicia decidiera no iniciar una pesquisa formal.
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