Además, indicó que las proyecciones de costos operacionales preparadas por LUMA y Genera PR exceden significativamente las estimaciones previas debido al deterioro continuo del sistema y a necesidades operacionales que antes no estaban reflejadas plenamente en el presupuesto de la AEE.
“La AEE no podrá imponer aumentos sostenibles en la tarifa para servicio de deuda porque cubrir solamente los costos operacionales requeriría tarifas por encima de la capacidad de pago de hogares con ingreso mediano”, señaló la Junta en el informe al resumir las conclusiones del plan fiscal certificado para la corporación pública.
Plan ajustado elimina cargo previo para pagar deuda
El informe también repasa el estado del Quinto Plan Enmendado de Ajuste de PREPA (AEE), radicado en marzo de 2025, el cual eliminó el llamado “Legacy Charge” que anteriormente se contemplaba para pagar parte de la deuda mediante cargos adicionales en la factura eléctrica.
Según la Junta, el nuevo plan mantiene acuerdos alcanzados previamente con acreedores y propone pagar en su totalidad las reclamaciones aseguradas que finalmente valide el tribunal federal.
La Junta también reiteró que continúa participando en procesos de mediación y que todavía considera posible alcanzar una resolución negociada con los bonistas de la AEE.
Continúa batalla legal con bonistas
El documento resume además la intensa disputa con los bonistas de la AEE sobre el valor de las garantías que respaldan la deuda y reclamaciones adicionales por miles de millones de dólares.
La Junta recordó que los bonistas reclamaron un gasto administrativo de al menos $3,700 millones, alegando que la AEE utilizó ingresos netos que debían destinarse al pago de deuda para operar y mantener el sistema eléctrico durante el proceso de quiebra.
Sin embargo, la jueza Swain rechazó ese reclamo en marzo de 2026 al concluir que los bonistas no demostraron tener derecho legal a esa reclamación administrativa.
Los bonistas apelaron posteriormente esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.
LUMA apeló devolución de casos a tribunales locales
El informe dedica varias páginas a la controversia sobre el contrato suplementario de LUMA.
La Junta explicó que tanto la Autoridad para las Alianzas Público Privadas como el gobierno de Puerto Rico presentaron demandas argumentando que la extensión del contrato de transmisión y distribución no fue válida.
Aunque Swain determinó recientemente devolver esos casos a los tribunales de Puerto Rico, LUMA presentó el pasado 13 de mayo la intención de apelación ante el Primer Circuito.
Además, la jueza emitió una paralización temporera de la devolución de los casos mientras evalúa si concede una paralización pendiente de apelación solicitada por la empresa privada.
Negociado reconoció deterioro severo del sistema
El informe también resume el reciente caso tarifario ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
Según la Junta, el regulador concluyó que existe un deterioro físico generalizado en las plantas generatrices y en los sistemas de transmisión y distribución debido a años de falta de inversión y mantenimiento diferido.
El Negociado aprobó tarifas permanentes menores a las solicitadas por LUMA y Genera, aunque autorizó la recuperación de más de $300 millones anuales relacionados con el sistema de pensiones de la AEE mediante la tarifa eléctrica.
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