¿Cómo es que el peaje sube “de momento”? Representante cuestiona carriles dinámicos 

El presidente de la comisión, el representante novoprogresista Edgar Robles Rivera, informó que realizó un requerimiento formal de información dirigido tanto a Metropistas como a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), con el propósito de obtener detalles sobre el contrato de concesión, el sistema de cobro de peajes y los mecanismos de fiscalización existentes.

La gestión forma parte de la investigación ordenada mediante la Resolución de la Cámara 105, enfocada en examinar tarifas, precios y prácticas que impacten directamente al consumidor puertorriqueño.

Según explicó el legislador, la comisión busca esclarecer cómo se determinan las tarifas de peaje, qué rol tiene el gobierno en esas decisiones y si las compañías encargadas están cumpliendo con los términos contractuales acordados.

“En específico, se solicitó que se explique cómo se determinan las tarifas de peaje, qué participación tiene el gobierno en esas decisiones y si se están cumpliendo los términos del contrato”, expresó Robles Rivera en declaraciones escritas.

El representante también indicó que solicitó información sobre posibles penalidades por incumplimientos y sobre la fiscalización del sistema de peajes dinámicos que opera en algunos tramos de la PR-22 y la PR-52.

De acuerdo con el legislador, el denominado Dynamic Toll Lane (DTL) funciona mediante tarifas variables que pueden fluctuar aproximadamente entre $1.95 y $5.85 dependiendo de la congestión vehicular y que pueden cambiar “cada pocos minutos”.

“Como parte de nuestra evaluación, estamos examinando el funcionamiento del carril expreso o carril dinámico (DTL), utilizado en tramos de la PR-22 y PR-52. Este sistema opera con tarifas variables que pueden fluctuar aproximadamente entre $1.95 y $5.85 y pueden cambiar cada pocos minutos, dependiendo del tránsito, lo que impacta directamente la planificación y el bolsillo del conductor”, sostuvo.

Robles Rivera cuestionó además la falta de claridad que, según planteó, enfrentan muchos conductores al utilizar estos carriles expresos.

“Aquí el consumidor no puede estar a ciegas. La gente tiene que saber cuánto va a pagar y por qué lo está pagando”, expresó.

La investigación también abarca otras autopistas y vías bajo acuerdos de concesión, incluyendo la PR-5 entre Guaynabo y Bayamón, la PR-20 entre Guaynabo y Caguas, la PR-22 entre San Juan y Hatillo, la PR-52 entre San Juan y Ponce, la PR-53 entre Fajardo y Yabucoa, la PR-66 entre Carolina y Río Grande, así como el Puente Teodoro Moscoso.