San Juan propone reducir costos gubernamentales para acceso a vivienda asequible 

“Hay una crisis en lo que es vivienda asequible. No tan solo es vivienda para personas que utilizan programas federales, sino también tiene que ver con vivienda de la clase trabajadora”, dijo ayer el alcalde capitalino. Contextualizó que “hace 10 o 12 años atrás se podían construir cerca de 4,000 viviendas en un año… Los números más recientes rondan unas 700 viviendas”.

Precisamente, el director del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de la Capital, Joel Pizá Batiz, sostuvo que la iniciativa responde a que cada vez se construyen menos residencias dirigidas a sectores de clase media.

“Lo que vemos hoy es mucha construcción para personas que exceden los $600,000. Estamos hablando hoy de más de un millón de dólares para lo que es ultra luxury. Hemos visto también más movimiento en lo que es vivienda de asistencia social subsidiada”, expresó el funcionario en entrevista con Metro Puerto Rico.

La medida sustituiría el actual Artículo 4.59 del Código de Desarrollo Económico del Municipio de San Juan y establecería una exención total del arbitrio de construcción para proyectos cualificados. Actualmente, ese arbitrio equivale al 5% del costo total de la obra.

Según la exposición de motivos de la ordenanza, la propuesta surge en momentos en que la construcción residencial en Puerto Rico se mantiene en niveles significativamente más bajos que hace una década. El municipio citó datos de la Asociación de Constructores de Puerto Rico que reflejan que en 2024 se construyeron cerca de 700 viviendas, comparado con más de 4,300 en 2011.

Pizá Batiz explicó que el municipio fijó como referencia el límite máximo aplicable para préstamos asegurados por la Administración Federal de Vivienda (FHA) en San Juan, que actualmente ronda los $690,000.

“Estamos fijando el precio de vivienda asequible basado en el monto del límite que impone FHA para el renglón débil de clase de vivienda para clase media. Eso es un cálculo que hace FHA por región anualmente”, indicó.

El funcionario aclaró que la propuesta no está dirigida exclusivamente a propiedades cercanas a ese tope, sino también a viviendas de menor costo destinadas a familias trabajadoras.

“Así que cualquier casa, por ejemplo, de $200 mil dólares pudiera cualificar para eso, ya sean de $300 mil, $400 mil, $500 mil”, añadió.

La administración municipal argumenta que parte importante del costo final de las viviendas nuevas responde a cargas contributivas y gastos relacionados al proceso de construcción.

“Uno de esos renglones es que el 30-35% del costo de una vivienda nueva está relacionada con contribuciones al Estado”, sostuvo Pizá Batiz.

¿Un modelo replicable?

Aunque la medida apenas lleva semanas bajo consideración legislativa, el municipio entiende que iniciativas similares podrían eventualmente discutirse en otros pueblos ante la presión que enfrenta el mercado de vivienda y la limitada oferta de propiedades nuevas para clase media.

“Si puede ser replicada por otros municipios, claro. Y puede ser adaptada”, expresó Romero, al señalar que cada municipio podría ajustar los parámetros de acuerdo con su mercado de vivienda y realidad económica. Mencionó por ejemplo el caso de Guaynabo.

Por su parte, Pizá confió en que con la discusión sobre el proyecto municipal pueda comenzar a observarse por otros ayuntamientos. “No que tenga conocimiento, como la medida se presentó en la legislatura para el 24 de abril, justamente hoy, hace tres semanas. Estoy seguro que ahora en la discusión pública, pues algunos otros municipios pudieran expresar lo que están haciendo también con la construcción o esto pudiera servir también de inspiración a otros ayuntamientos”, expresó el funcionario.

Pizá Batiz reconoció que el problema de acceso a vivienda responde a múltiples factores —incluyendo financiamiento, permisos, mano de obra y costos de materiales—, pero sostuvo que los municipios sí tienen espacio para intervenir en algunos costos asociados al desarrollo de proyectos.

“Creo que debe ser la discusión que tenemos que tener. Cómo hacer más asequible y abaratar los costos para la construcción de nueva vivienda para la clase media”, afirmó.

La ordenanza también dispone que si durante la construcción ocurren aumentos de costos u órdenes de cambio que provoquen que el proyecto exceda el límite FHA aplicable, la exención quedaría revocada y el desarrollador tendría que pagar los arbitrios y patentes correspondientes.

De ser aprobada en la Legislatura Municipal de San Juan, la medida tendría una vigencia inicial de cinco años, desde el 1 de julio de 2026 hasta el 1 de julio de 2031.

El alcalde indicó que espera que la Legislatura Municipal complete la evaluación de la medida antes del 1 de junio para que los incentivos puedan comenzar a implementarse este verano.